Dejemos la lengua en paz

El círculo vicioso del ‘posprocés’ sigue activo. Ahora la dialéctica acción-reacción entre los dos nacionalismos en escena –el catalán y el español– ha tomado como rehén la lengua. La subasta identitaria se adentra así en un terreno sensible que amenaza la convivencia. Lo advertí en mi artículo ‘La lengua de los otros’ (11 de noviembre de 2021): el bilingüismo no es un déficit de la sociedad catalana, sino un superávit. Aprendemos desde pequeños que el nombre de las cosas no se confunde con las cosas –una ‘taula’ es una ‘mesa’– y, a la vez que aprendemos a leer y a escribir, aprendemos también a tener una visión plural de la realidad.

No debemos caer en la tentación –constataba– de ligar el futuro del catalán a la suerte de una determinada apuesta política ni acotar su destino a los límites de un determinado techo institucional. La sociedad catalana es bilingüe, y la política de normalización debe integrar esta realidad. También el Gobierno de España debe respetar el mandato constitucional y promover el catalán como lengua española, a partir de un doble principio: hay lenguas que se ‘aprenden’, como el catalán en Catalunya, y lenguas que se ‘comprenden’: el catalán y su cultura, al igual que las demás lenguas y culturas españolas, en el conjunto de España.

El PP equipara la situación desatada en Canet de Mar con la Alemania nazi

Este es el círculo virtuoso que nos permitiría salir de la actual situación de riesgo, no solo para las lenguas de Catalunya sino para la convivencia. Siempre es mejor un mal pacto que un buen pleito. Si hemos llegado hasta aquí, con los tribunales fijando un porcentaje fijo para el castellano, es porque la política no ha hecho su trabajo. En su día, el Tribunal Constitucional validó la ley de normalización lingüística, con el catalán como “centro de gravedad” del sistema para corregir el desequilibrio histórico que padeció, pero pidió también que el castellano fuera lengua docente, en un grado o en otro. ¿En qué proporción? La que fijase la autoridad académica, es decir, el Departament d’Educació.

Ha sido el empecinamiento ideológico de la Generalitat –no reconocer también el carácter vehicular del castellano que, de facto, ya se practicaba en las aulas– el factor que ha provocado una cadena de resoluciones judiciales que culminaron con el auto del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que establecía la cuota del 25% de las horas lectivas en castellano, y su posterior ratificación por el Tribunal Supremo. La inacción de la Generalitat y la sobreactuación de la justicia han acabado por trasladar la patata caliente a una escuela de Canet de Mar.

Los damnificados: el alumno y su familia, la comunidad docente y el conjunto de la comunidad escolar. Asistimos al vuelo gallináceo de las aves carroñeras que desde la política intentan sacar tajada del conflicto: dirigentes de las tres derechas –PP, Cs y Vox– que hablan de “apartheid lingüístico” mientras los sectores del independentismo que postulan una escuela monolingüe se frotan las manos. Aquí el único ‘apartheid’ es el que sufrió el catalán durante el franquismo, tanto en la escuela como en el espacio público; los ciudadanos de mi generación, que lo sufrimos, defenderemos siempre la convivencia entre las lenguas de Sepharad.

La responsabilidad política, sin embargo, es de la Generalitat, en concreto, de su 'conseller' d’Educació. Desde esta perspectiva, como escribía el profesor Albert Branchadell (28 de noviembre de 2021), solo hay tres salidas posibles: obedecer e implantar una cuota que no responde a ningún criterio objetivo, desobedecer y prolongar un conflicto con el Estado que alimenta las posiciones extremas de cada parte o abandonar el inmovilismo que practican las autoridades catalanas y pactar un ‘modus vivendi’ que preserve el catalán como centro de gravedad del sistema y no excluya el castellano como lengua vehicular.

Cada escuela, en función del contexto sociolingüístico, debería poder determinar el nivel de vehicularidad de cada lengua para alcanzar el objetivo del trilingüismo

Albert Branchadell, en un dossier sobre las lenguas de Catalunya que publicó la revista ‘Política&prosa’ (enero de 2019), concretaba aún más una posible tercera vía para salir del actual ‘impasse’: relajar la llamada inmersión lingüística para asegurar el trilingüismo (catalán, castellano e inglés). Cada escuela, en función de su contexto sociolingüístico, debería poder determinar el nivel de vehicularidad de cada lengua para alcanzar el objetico final –este sí, ampliamente compartido– del trilingüismo. Mientras tanto, dejemos la lengua en paz.

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