La malévola arma política de la lengua

La Constitución establece que el catalán es una lengua española. No lo dice con esas mismas palabras, pero lo dice. Y también habla de las "distintas modalidades lingüísticas", para referirse a las lenguas que se hablan en el territorio donde rige la Constitución. Muchos lingüistas no estarían de acuerdo ni en la definición ni en el uso de esta clasificación de la lengua, en este reducir la lengua a una frontera administrativa, pero ahora hablamos de leyes y obligaciones. Y la Constitución habla de "riqueza", de "respeto", de "patrimonio cultural" y de "protección". Por eso mismo es sorprendente, lamentable y triste que haya voces que contemplan la reivindicación de cuotas para el catalán en el mundo audiovisual como una especie de ataque "identitario", una lucha enconada por la exclusión que ellos llaman "nacionalista". Estas voces, que son de la derecha española, harían bien en leer la Carta Magna, y tampoco estaría de más que también la leyeran todos los demás. El problema de fondo (más allá de la muy precaria situación de la lengua) es que lo que debería ser un deber patriótico, no en un estado federal, sino simplemente respetuoso con sus propias leyes, se convierta en una malévola arma política. 

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