Seguridad autónoma de la UE

La necesidad de que Europa disponga de un dispositivo de defensa autónoma se invoca con suerte casi siempre adversa desde que en 1952 se puso en marcha el proyecto bautizado como Comunidad Europea de Defensa, finalmente fallido a causa de la oposición de Francia. Desde entonces es un asunto recurrente, especialmente cuando se dan situaciones de crisis extrema como el desarrollo de los acontecimientos en Afganistán, aunque también son recurrentes los obstáculos que siempre se han interpuesto en el camino –los recelos de Estados Unidos y del Reino Unido, la lógica aplastante de la guerra fría–, de forma que nunca han sido demasiadas las posibilidades de alumbrar un embrión de Ejército europeo.

La odisea del aeropuerto de Kabul ha llenado de razones a los partidarios de que finalmente avance la idea de una unidad de actuación con mando propio para no depender siempre, en última instancia, de la iniciativa de terceros, como explica Josep Borrell en la entrevista que publica EL PERIÓDICO. Es decir, para que en casos como el afgano no quede todo a expensas de la capacidad de Estados Unidos de movilizar recursos, habida cuenta la incapacidad de sus aliados de aportarlos en igual medida. Es este un dato objetivo que no libera de responsabilidad a la Casa Blanca en el caos de la evacuación, pero que explica la inquietud de algunos líderes europeos a la vista de los medios limitados dedicados a la operación por los socios de la Unión Europea.

A falta de la unanimidad sin fisuras que requiere un proyecto de coordinación militar de nuevo cuño, es positivo que la idea de crear una fuerza de reacción rápida de unos 5.000 efectivos figure en la Brújula Estratégica de la UE, el libro de ruta que debe identificar potenciales amenazas, objetivos y proyectos en materia defensiva. El apoyo inicial de bastantes países contrasta con las reservas cuando no la abierta oposición de otros, especialmente de la Europa central y oriental, que fían su seguridad en su pertenencia a la OTAN y entienden que no cabe competir con las garantías inherentes al vínculo atlántico.

En última instancia, pesan como una losa sobre la viabilidad del proyecto la herencia de la guerra fría y la vecindad de Rusia, entregada con denuedo a presionar o interferir en los asuntos de la UE. Incluso admitiendo que la revisión de la alianza de Estados Unidos con los países europeos, promovida por Donald Trump, y el alejamiento de la Administración de Joe Biden de teatros de operaciones que no considera prioritarios para su seguridad son dos grandes cambios, la autonomía de decisión europea en materia militar aún es motivo de alarma en muchos foros. En ellos solo cuenta la confianza en el dinamismo de la OTAN cuando se trata de poner en marcha operaciones complejas en las que no todos los socios se sienten concernidos con la misma intensidad.

Lo cierto es no hay alternativa a la autonomía funcional en el ámbito militar. La posibilidad de disponer de medios propios para los momentos críticos no entraña abrir una brecha en la OTAN, sino mejorar la capacidad de respuesta de la UE. No se trata de arrumbar la tradición de la UE como poder blando, sino de completarlo con un instrumento eficaz de intervención cuando, como lo ha sido en Afganistán, es una imperiosa necesidad.