Una oportunidad perdida

La Mesa del Parlament tendrá como presidenta a Laura Borràs, de JxCat, que queda así apartada de la posibilidad de ocupar una silla en el Consell Executiu que aspiraba a presidir pero pasará a convertirse este viernes en la segunda autoridad de la Generalitat de Catalunya. El acuerdo sobre la composición de la Mesa del Parlament entre, estrictamente, las fuerzas independentistas, vaporizando las líneas rojas que aún horas antes dibujaba la CUP, es una oportunidad perdida para empezar a tejer acuerdos transversales más allá del foso entre independentismo y constitucionalismo que muchos no han dejado un solo momento de intentar ahondar desde que el ‘procés’ echó a andar y otros se han esforzado, aún infructuosamente, por atenuar.

Tras este acuerdo que se formalizará este viernes en la constitución de la nueva legislatura del Parlament salida de las elecciones del 14-F se allana el camino a la formación de un Govern independentista que modifica, respecto al anterior, que sus propios integrantes reconocieron como fallido, el orden de los factores. Si no en el Govern, hubiese sido un gesto esperanzador que al menos el órgano que representa la pluralidad de sensibilidades políticas de los catalanes fuese objeto de un acuerdo más amplio. Que los dos cargos de más alta representación del autogobierno catalán no recaigan, respectivamente, en la fuerza que está en condiciones de formar una mayoría de Gobierno y en la que fue la más votada en las elecciones, sino que se distribuyan entre las dos principales fuerzas del campo independentista, no es precisamente una forma de ampliar las vías por las que debe discurrir la política catalana. Aunque es positivo que, por lo menos, sí haya sido posible tejer un compromiso para aislar políticamente a Vox en el Parlament.  

Es posible que la situación en Catalunya aún no esté madura para la formación de un Govern que trascienda la divisoria marcada por el independentismo y para tener en cambio como referente las políticas a emprender en las nada banales competencias que corresponden a la Generalitat de Catalunya. E incluso que tampoco sea aún posible en un formato de Govern en minoría con apoyo externo. Las fuerzas políticas que tendrían en su mano hacerlo posible lo consideran inviable, aunque un Govern transversal de izquierdas sería la coalición que más catalanes desearían ver en la plaza de Sant Jaume. Y a pesar de que la alternativa sea repetir la fórmula que durante la anterior legislatura convirtió la gestión diaria en un Vietnam incesante entre socios desavenidos, que paralizó la gestión de los asuntos cotidianos y cualquier proyecto de futuro en unos momentos críticos para el país.

Los componentes que formarán el nuevo Govern de la Generalitat son los mismos que llevaron a la decisión de convocar elecciones de forma anticipada por su incompatibilidad. Pero no es irrelevante que sea una fuerza política u otra quien esté al frente. A la previsible presidencia de Pere Aragonès se le debería pedir un periodo de gestión responsable ante los gravísimos retos sociales, sanitarios y económicos que encara Catalunya. Y se debería esperar una renuncia a aventuras unilaterales y gesticulaciones estériles en coherencia con el talante con el que su partido político se presentó ante los electores. Si la convivencia entre los socios de Gobierno resulta ser tan difícil de conllevar como lo fue en la anterior etapa, hasta el punto de hacer imposible lo anterior, quizá esta vez, aunque no sea en primera instancia, se pueda llegar a presentar una segunda oportunidad en la que la búsqueda de alternativas sea preferible a la cronificación de las tensiones.