Opinión | Editorial

El Periódico

Eutanasia: seguridad jurídica a la muerte digna

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La ley de eutanasia, una de las grandes asignaturas pendientes de la democracia española, ha entrado ya en su recta final. La comisión de justicia del Congreso aprobó el texto final de la ley orgánica que regulará en España la muerte digna. Pocas veces una norma legal responde a una exigencia tan evidente por parte de la ciudadanía: tarde o temprano, toda familia se encuentra con una situación en que deben tomarse decisiones que, hasta que no se promulgue la ley, o bien eran imposibles porque no tenían cobertura legal, o bien deben andar por una fina línea.

La norma legal busca acabar con un vacío legal que no se justifica ni siquiera por la complejidad moral del debate, que está fuera de toda duda. No se trata de incitar a la muerte de un enfermo contra su voluntad, sino de construir un marco legal con seguridad jurídica sobre cuestiones esenciales: qué se considera eutanasia, qué requisitos hay que cumplir, cómo será el procedimiento, cómo se aplicará, su inclusión en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y la regularización de la objeción de conciencia de los médicos que no quieran practicar lo que el texto llama «prestación de ayuda para morir».

Todo indica que la ley saldrá adelante con una mayoría que no incluye ni al PP ni a Vox. Su visión del asunto casa mal con un Estado aconfesional y con la mayoría social sobre este asunto. Cuesta entender por qué se quieren poner trabas a personas que no desean prolongar una vida deteriorada. La ley solo busca darles amparo legal.