La ley de la eutanasia da un nuevo paso adelante con el único rechazo de PP y Vox

  • La Comisión de Justicia del Congreso aprueba la norma que despenaliza y regula el suicidio asistido, que podría ver definitivamente la luz en torno a marzo

  • España se convertirá así en uno de los pocos países que reconocen este derecho, que será incluido en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud

Ángel Hernández fue detenido por ayudar a morir a su mujer, María José Carrasco, enferma terminal.

Ángel Hernández fue detenido por ayudar a morir a su mujer, María José Carrasco, enferma terminal. / Carlos Rosillo

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Patricia Martín
Patricia Martín

Periodista

Especialista en sanidad, igualdad, violencia machista, infancia, consumo

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La ley que despenaliza y regula la eutanasia en España, después de varios intentos fallidos, ha dado este jueves un nuevo paso adelante, al ser aprobada por la Comisión de Justicia del Congreso, con el único rechazo del PP y Vox. Tras una tramitación exprés, la norma está lista para ser debatida, previsiblemente, el próximo jueves en el Pleno de la Cámara baja, con la vista puesta en que vea la luz en torno a marzo, después de su paso por el Senado. España pasará así a convertirse en uno de los pocos países que permiten el suicidio asistido, que se concebirá como un derecho y será parte de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.

Se trata de la tercera vez que el Congreso estudia la proposición de ley que regula la eutanasia presentada por el PSOE, dado que los dos intentos anteriores decayeron, el primero porque PP y Cs obstaculizaron su avance, y el segundo debido a que PSOE y Podemos no llegaron, en un primer momento, a un acuerdo de Gobierno. Pero ahora la norma se abre paso y con un gran consenso, dado que solo PP y Vox se han opuesto a su aprobación, con duros descalificativos hacia la norma y hacia el Gobierno.

El resto de los grupos parlamentarios respaldan que se regule la eutanasia, atendiendo a la demanda social expresada en las encuestas. Por ello, y en tan solo dos reuniones de la ponencia destinada a estudiar las enmiendas, algo completamente inusual, se han acordado “muchísimas transaccionales”, según ha puesto en valor la portavoz socialista en la materia, la exministra María Luisa Carcedo.

El procedimiento

Con ello, se consensuado un proyecto ley “absolutamente garantista” -de nuevo en palabras de Carcedo- que permite que la eutanasia se practique a petición del paciente y tras ser revisada por dos equipos médicos y una comisión de garantías. Las enmiendas introducidas permiten que el suicidio asistido se realice también en los domicilios, si bien en la exposición de motivos se incide en que es un proceso sanitario y no un acto que cada uno pueda realizar arbitrariamente. Lo que no ha salido adelante era la pretensión de PSOE y Podemos de que la ley tenga carácter retroactivo, ha decaído en aras del consenso.

Los partidarios de la regulación han subrayado que esta “no obliga a nadie ni recorta ningún derecho, sino que ensancha libertades”, según ha manifestado el diputado de Junts Sergi Miquel. Mientras que la parlamentaria de Ciudadanos Sara Giménez ha destacado que los grupos hayan sabido “abordar un tema complejo” y “avanzar en derechos”, con una ley con unas “garantías que son sus puntos fuertes”. También han sido varios portavoces los que han reconocido la lucha, durante años, de los colectivos a favor de la eutanasia, así como de afectados o activistas como Ramón Sampedro o Ángel Hernández, que ayudó a morir a su mujer, María José Carrasco. 

Las voces contrarias

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Por el contrario, el PP ha considerado que la norma es “injusta, inoportuna e inconstitucional”, no responde a una “demanda social” sino a un “giro copernicano del PSOE”, que hace unos años se oponía a regular la eutanasia. Además, el popular José Ignacio Echaniz ha acusado al Gobierno de “hurtar el debate social” al impedir la comparecencia de expertos o evitar, al presentar la ley a través del PSOE, los informes de los órganos consultivos. Asimismo, ha recordado que el comité de bioética, asesor del Ejecutivo, se ha mostrado en contra.

Mucha más dura ha sido la portavoz de Vox, Lourdes Méndez, quien ha avanzado que su partido recurrirá la ley al considerar que promueve el “asesinato” de las personas que el Estado “no considera útiles”.