Next Generation EU: incertidumbres

La desorientación sobre cómo acceder y con qué proyectos a la convocatoria de ayudas Next Generation EU es hoy tan grande que marean las cifras que se prometen. Se habla hoy de ventanillas abiertas y de que se cierran la semana que viene, surgen proyectos de debajo de las piedras incentivados a menudo por la propia administración, que se reivindica después para su concesión; propuestas de procedencias muy distintas, repetitivas a veces, faltas de sinergias y solo por los pelos vinculables a la mejora ecológica y a las tecnologías digitales, y se observa que hay bastante poco cuidado con las cifras que se solicitan, más allá de que deban incorporar muchos ceros. Parte del problema procede de la escasa información disponible.

Destaco algunas dudas: ¿con qué criterios se dirimirán subvenciones a fondo perdido versus las que serán en concepto de préstamos? ¿Qué parte se puede destinar a gasto corriente frente a capital (y a financiar la recurrencia que este provoque)? ¿Cuántos periodos y gradación de ayudas hasta el 2027 se prevén? ¿Qué decisiones se van a tomar desde Madrid respecto de las derivables en favor de las comunidades autónomas? ¿Con qué cuotas territoriales de participación, sea para financiación de dinero ya gastado, sea para proyectos adicionales, se podrá contar? ¿Se vehiculará todo vía presupuestos del Estado o existirán transferencias diferenciadas? ¿Qué papel tendrán las consejerías y ministerios implicados y las vicepresidencias y gabinetes responsables? ¿Cómo jugarán las comisiones de promoción de proyectos y/o de evaluación con las grandes consultoras merodeando? ¿Será realmente la presidencia de Gobierno frente a Bruselas la valedora de la decisión final, o incluso, según sea al final el peso de los parlamentos de los Estados frente al Europeo, serán aquellos y no este los que tendrán la llave final? Y en el desconcierto, la angustia por no ‘pillar’ recursos de lo que será para muchos ‘una vez y no más’ para las reformas estructurales que necesita el país.

Proyectos que previsiblemente dejarán de ser posibles cuando, finiquitada esta ayuda extraordinaria, volvamos a la cotidianeidad de unas cuentas públicas españolas embargadas por un endeudamiento excesivo, del cual, más allá de la financiación del gasto corriente, no quedará ni para pipas. De ahí que muchas entidades que son ahora recurrentemente subvencionadas se empiecen a despertar para poder anclarse en alguna de las ayudas que les permita ‘empresarializarse’, al entender que de la subvención no se puede esperar futuro, e intenten configurar de una vez por todas proyectos mínimamente sostenibles desde el punto de vista financiero.

Propuestas robustas

Las propuestas de mayor robustez, más allá de solventar problemas a corto plazo, han de focalizar el interés en proyectos económicos transformadores, especialmente de nuestra industria. Digitales y verdes. Por la cuenta que le trae, la presidenta de la Comisión va a exigir la huella ecológica, al ser esta y de modo extraordinario la única posibilidad de cumplir con sus compromisos ordinarios de recuperación medioambiental.

A dichos proyectos se dirigen los siguientes requisitos, iniciales al menos, que ojalá hubiera quedado su cumplimiento a merced de una evaluación externa y europea.

Toda propuesta debería especificar qué pretende, cuál es su misión. Si el producto final es un servicio, un artilugio o un bien de equipo, cuáles son sus prestaciones. Si es un servicio, se debe explicar cómo actúa e implementa, y qué aporta y mejora, siendo especialmente meritorio, según sean sus arrastres, el impacto en la pequeña y mediana empresa y en la creación de ocupación. Para las pimes, los centros tecnológicos de referencia deberían identificar los nichos en los que mayor rol de dinamización puedan tener los proyectos en favor de ambos objetivos: sostenimiento de pequeñas y medianas empresas y generación de trabajo digno.

'Business case'

Sin descuidar proyectos sociales dirigidos al bienestar comunitario, la argumentación se debería asemejar a la de un ‘business case’, al menos en el razonamiento: el capex (‘capital expenditure’) de inversiones de capital que crean beneficios y proyección de la cuenta de resultados, incluyendo los flujos de caja, se ha de detallar. A largo plazo, las tasas de rendimiento deben ser positivas (y así los proyectos serán autofinanciables), pese a que, a corto plazo, pueda requerir apoyo institucional externo. Ello puede justificar que se presente al Gobierno y no a Europa directamente.

Por lo demás, hace falta identificar quién lo lleva a cabo, grupo de empresas, centros de I+D, etc. Y, de entre los participantes, cabe explicitar también quién lo lidera, con una aproximación al porcentaje de participación de los actores importantes y con una base del reparto de los riesgos asumidos por los participantes, todos ellos, proponentes. Es necesario plantear el plan comercial con que se cuenta: quién y cómo lo vende, cómo se sitúa en los mercados o en las demandas sociales, y quién o quiénes serán los clientes o destinatarios principales. Y, finalmente, cabe comentar el tratamiento de los riesgos: si es parte de un proyecto ya en funcionamiento, qué riesgos y beneficios se esperan de impulsarlo, en qué parte estos riesgos son técnicos, comerciales, industriales, económicos, etc., y cuáles pueden ser sus consecuencias. Y también, por supuesto, los riegos derivados por retrasos, sobrecostes, pérdida de competitividad, obsolescencia, etc., y, eventualmente, el ‘fall back’ de la inversión.

Todo ello supone una guía adaptable, naturalmente, a la realidad de los proyectos (sociosanitarios incluidos) que marque al menos las cuestiones relevantes, que todo proyecto robusto y que busque la excelencia no puede ignorar.

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