Presiones inadmisibles

El Parlament sigue enredado en batallas simbólicas que aportan más desgaste que lustre. El viernes pasado se celebró un pleno extraordinario sobre la Monarquía convocado por Quim Torra. Cuesta entenderlo como algo más que una operación para desviar la atención sobre la mala gestión de la pandemia y un instrumento al servicio del conflicto político. El acto ofreció al 'president' una tribuna solemne para cargar contra el rey emérito Juan Carlos I, pedir la abdicación del rey Felipe VI y arremeter contra el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Traducido en clave catalana, contra el PSC y Comuns, aunque la acometida está viviendo un último y lamentable capítulo que incluye a ERC entre sus objetivos: un enfrentamiento entre el Govern y la presidencia y los funcionarios del Parlament.

La publicación en el 'Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya' de las resoluciones del pleno se ha convertido en el último desencuentro. Por consejo de los letrados, se recortaron los puntos que podían acarrear consecuencias penales. Ante su supresión, Torra exigió al presidente del Parlament, Roger Torrent, la destitución del secretario general, Xavier Muro. Ni a Torra le corresponde dicha exigencia ni es admisible presionar desde el Govern al Parlament (una actitud que cuestiona el principio de la separación de poderes) y exigir a sus funcionarios que apliquen las decisiones de los cargos electos independientemente de que se ajusten a la ley (lo que entra en abierta contradicción con la idea del Estado de derecho).

Hay motivos para cuestionar la figura del rey emérito, también para deliberar sobre el futuro de la Corona o el papel que el Gobierno de Sánchez ha jugado en la marcha de Juan Carlos I, pero la cuestión merece un debate lejos de la urgencia, la gesticulación, el utilitarismo y el partidismo con el que ha sido abordado en pleno mes de agosto. En un momento especialmente difícil, con un futuro lleno de incertidumbre, un presente por reconstruir y una imagen de Catalunya lastrada por la mala gestión, no caben disputas simbólicas sin las zancadillas preelectorales que solo denigran la institución y la alejan de las necesidades de la ciudadanía. Hoy, la gestión de la crisis sanitaria y económica –la realidad– necesita todos los esfuerzos.