Una buena noticia para garantizar el derecho a la educación

A la espera de poder estudiar en profundidad el documento que se presentará este jueves en la Conferencia Sectorial de Educación a las comunidades autónomas, parece que desde los ministerios de Sanidad y Educación dan por hecho que en septiembre el curso escolar podrá empezar presencialmente para todo el alumnado, incluido el alumnado de secundaria, bachillerato y ciclos formativos. Así se ha dado a conocer mediante la nota de prensa publicada este miércoles, 10 de junio.

Parece que queda descartada la necesidad de que en algunos niveles educativos el curso escolar deba empezar de forma híbrida (medio presencial, medio telemática). Sin duda, esto es una buena noticia para la garantía del derecho a la educación de todos los niños, niñas y adolescentes, que son el colectivo que más ha sufrido las consecuencias la epidemia. Los centros educativos fueron los primeros en cerrar sus puertas y han sido los últimos en abrirlas. En el caso de Catalunya, la apertura en junio ha sido un completo fracaso y no ha servido para recuperar algo de lo perdido en los últimos tres meses. En septiembre serán seis meses sin pisar la escuela.

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No son el principal foco de peligro

Los datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica parece que confirman el pronóstico que hace unas semanas también hacían desde el Servicio de Pediatría del Hospital Vall d’Hebron: solo el 1,37% del total de los casos confirmados de covid-19 corresponden a población entre cero y 19 años. Parece ser que los niños, niñas y adolescentes, pese a ser el colectivo más castigado por las medidas adoptadas en el marco de la epidemia, no son el principal foco de peligro. En este sentido, si otros sectores como el económico llevan ya semanas a pleno rendimiento, no tiene ninguna lógica seguir limitando el derecho a la educación.

Ahora bien, las medidas marco que han dado a conocer Sanidad y Educación tienen que ser implementadas por las comunidades autónomas mediante planes que se adapten a las particularidades de cada territorio. En el caso de Catalunya, parece que el Departament d’Educació no tiene excusa para no garantizar la educación presencial a todo el alumnado, desde la educación infantil, pasando por la secundaria y el bachillerato, y acabando con la formación profesional.

Las medidas anunciadas son flexibles y se adaptan a los diferentes niveles educativos y edades de los estudiantes. Ante todo, se priorizan los protocolos de higiene del alumnado y la desinfección de los centros educativos, y se abandonan metas imposibles de alcanzar como grupos de menos de 15 alumnos con perímetros de cuatro metros cuadrados y la contratación del doble del profesorado que hay actualmente en el sistema en el corto plazo de tres meses.

Tendremos que estar atentos a cómo se concretan las medidas en Catalunya, pero con la flexibilización de las exigencias sanitarias para abrir los centros educativos no hay excusas para disfrazar de epidemia lo que son problemas estructurales del sistema educativo. Sin duda, el Departamentd’Educació deberá reforzar el número de plazas públicas en la educación secundaria y en la formación profesional, pero no por el covid-19, sino por no haber planificado, durante los últimos años, las necesidades del sistema educativo. 

Toca, pues, demostrar que la educación pública es una prioridad para el Gobierno catalán, así como buscar alternativas a la falta de plazas públicas que tiene el sistema. Es momento de llegar a acuerdos con los municipios y ceder los mejores espacios a uno de los bienes más preciados, la educación.

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