No es una mesa, es una multitud

El independentismo catalán se ha pasado seis o siete años reclamando diálogo al Gobierno de España, que, en la etapa de Mariano Rajoy, se negó a cualquier negociación porque él no iba a hablar de la unidad de España ni de la soberanía nacional, que es de lo que querían tratar los independentistas. El resultado fue el estancamiento, la violación de las leyes -Constitución y Estatut-, la DUI, la aplicación del 155, las querellas, la prisión, el juicio y las condenas. Después de la moción de censura, Pedro Sánchez puso en marcha la política de desinflamación, que llegó hasta la cumbre de Pedralbes, en la que se reconoció por primera vez en un comunicado conjunto la existencia de un “conflicto político”, pero todo se frustró porque ERC presentó una enmienda a la totalidad de los Presupuestos, lo que obligó a convocar las elecciones el 28-A y, tras seis meses de bloqueo, se volvió a las urnas el 10-N. ERC fue de nuevo decisiva.

Sánchez salvó la investidura tras aceptar una mesa de diálogo entre su Gobierno y el de la Generalitat. Esa mesa es la que se reúne este miércoles. Pero desde el Govern, que tanto reclamaba el diálogo, todo han sido obstáculos. Primero, la fecha. El PSOE y ERC se pusieron de acuerdo en anunciar una, el 24 de febrero, para ver si Quim Torra dejaba de enredar con el mediador. Torra contestó que ese día tenía cosas privadas que hacer y propuso cinco fechas en una carta a Sánchez llena de reproches y en la que fijaba ya su orden del día: "Derecho de autodeterminación, fin de la represión, amnistía y reparación", mediador internacional y "reconocimiento de todas las partes en conflicto, incluyendo prisión y exilio". Sánchez aceptó el 26, pero Torra no designó aún a los componentes de la mesa. Finalmente, el lunes nombró a ocho miembros, lo que obligó a Sánchez a añadir dos más a los seis que ya había elegido, todos ministros. En la representación del Govern, sin embargo, aparte de Torra y del vicepresidente Pere Aragonés, solo dos son miembros del Consell Executiu: Jordi Puigneró y Alfred Bosch. El resto, no: Elsa Artadi, concejal del Ayuntamiento de Barcelona por JxCat; Josep Rius, exjefe de gabinete de Carles Puigdemont; Marta Vilalta, portavoz de ERC, y Josep Maria Jové, de ERC, autor de la agenda Moleskine del 'procés'. Tanto tiempo pidiendo una mesa de gobiernos para acabar en una mesa mixta. Eso sin olvidar que Torra hubiera incluido a Puigdemont, Oriol Junqueras y Jordi Sànchez, como cuando Catalunya estuvo meses sin Govern porque quería "restituir" a los 'consellers' destituidos por el 155, huidos o encarcelados.

Con estos antecedentes, las posibilidades de éxito son mínimas. Sin embargo, que la mesa se reúna, pese a la multitud que la integra, es positivo. A Sánchez se le acusa en Madrid tanto de venderse a los independentistas como de hacerlo porque no tiene más remedio. Es posible que la segunda acusación sea cierta, pero también lo es que quizá Sánchez quiera intentar de una vez en serio abordar, ya que no resolver por ahora, el problema territorial español en general y el de Catalunya en particular. Merece por ello un margen de confianza.