24 oct 2020

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Editorial

El futuro del sector agrario

Hay que reequilibrar la cadena de distribución del campo a la tienda para que agricultores y ganaderos cobren un precio justo por su trabajo

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El Periódico

Agricultores cortan la carretera en Andújar (Jaén).

Agricultores cortan la carretera en Andújar (Jaén). / EUROPA PRESS / FRANCIS J. CANO

Una concentración convocada para este miércoles por las tres principales organizaciones agrarias –COAG, Asaja y UPA– llevará las reivindicaciones del sector a Madrid, después de varios días de manifestaciones en otras ciudades españolas. La protesta, delante del Ministerio de Agricultura, servirá para visibilizar un problema, el de la falta de rentabilidad del campo, que no es nuevo ni tiene una única causa, sino muchas, y que por lo tanto obliga a buscar la solución desde diferentes frentes. La mesa del diálogo iniciada el pasado lunes entre el ministro del ramo, Luis Planas, y las organizaciones que encabezan las protestas es un buen punto de partida en el intento de concertar una salida al conflicto.

Uno de los principales obstáculos al trabajo agrario es el de los precios en origen. Resulta incomprensible que lo que cobra el agricultor o el ganadero no cubra ni siquiera los costes de producción. Es el resultado de unas desigualdades en la cadena de distribución que limitan el poder negociador de los productores frente a los intermediarios. El ministro anunció que se reunirá con las grandes empresas de supermercados, sin precisar demasiado sobre en qué se concretarán estos encuentros. Será preciso obtener algo más que buenas intenciones por parte de la distribución, y exigir que se pague un precio justo en cada fase de la intermediación del campo a la tienda. Es necesaria, pues, una normativa más estricta, algo que podría conseguirse con la reforma de la ley de cadena agroalimentaria, que traspondrá una directiva europea para combatir prácticas desleales como la llamada 'venta a pérdidas'. Planas se comprometió a presentar un borrador de la misma en las próximas semanas.

Las malas cosechas son otro de los factores de preocupación. Ante una emergencia climática que pronostica catástrofes más frecuentes e intensas, la prevención es prioritaria. El Gobierno ha anunciado un aumento de la dotación presupuestaria para apoyar los seguros agrarios, aunque cabría preguntarse también si, en las zonas más vulnerables, sería más recomendable un replanteamiento de los usos agrícolas, como aconsejan los expertos ambientólogos. En otros frentes, como la reforma de la política agraria común (PAC), que en principio recortará fondos al campo, o la respuesta a la subida de aranceles de algunos productos por parte de Estados Unidos (por las ayudas de la Unión Europea a Airbus), España deberá buscar una respuesta coordinada con otros socios europeos.

Salvo en el salario mínimo interprofesional (SMI), donde es difícil que el Gobierno ceda en una de sus medidas estrellas, la disposición ante las reclamaciones de los agricultores es buena, por lo que no debería ser complicado hallar puntos en común. La viabilidad del campo tiene una incidencia directa en la economía de numerosos pueblos y ciudades, además de beneficiar a la ecología. Si queremos evitar el despoblamiento rural, hemos de ofrecer oportunidades a generaciones jóvenes que quieran seguir con una actividad difícil y que se merece ser tomada en su justo valor.