Opinión | Editorial
El proceso de los CDR y el terrorismo
La causa contra los detenidos en la 'Operación Judas' es terreno abonado para la irresponsabilidad
La mesura no suele ser una mala consejera, y menos cuando se trata de temas tan graves como acusaciones de terrorismo. Por desgracia, el caso de los CDR detenidos en septiembre en la Operación Judas por pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para cometer estragos ha sido terreno abonado para la desmesura. En el momento de la detención de los CDR, desde según qué cuarteles periodísticos y políticos se utilizó la poca información sobre la causa para vincular al independentismo en su conjunto con el terrorismo, una frivolidad inaceptable en un país como este que conoce de primera mano el zarpazo terrorista en sus múltiples rostros. Por el otro lado, desde el independentismo se procedió a una defensa sin fisuras de los detenidos, se les calificó de presos políticos y se exigió su libertad inmediata sin tener en cuenta las graves acusaciones que pendían sobre ellos. La presunción de inocencia es sagrada; también lo es el respeto a los ritmos de la justicia y no utilizar las instituciones con fines partidistas.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido ahora permitir la libertad con cargos y bajo fianza de uno de los CDR detenidos porque considera, en contra del criterio de la fiscalía, que el hecho de que tuviera en su posesión sustancias precursoras para elaborar explosivos no equivale a tener explosivos. La decisión del juez ha propiciado que desde el independentismo, con el ‘president’, Quim Torra, a la cabeza, se impugne toda la causa.
Los detenidos puestos en libertad no han sido exonerados: penden sobre ellos acusaciones muy graves que deberán dirimirse en el proceso. Cabe aplicar la presunción de inocencia, por supuesto, pero también la prudencia de permitir que el proceso judicial siga su camino antes de lanzarse a emitir juicios políticos, exigir disculpas a dirigentes políticos y demonizar la justicia española. Porque la misma justicia que instruye el caso es la que ha decidido estas libertades bajo fianza. Falta prudencia y sobra irresponsabilidad.
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