Europa suspende a España

Este no es un artículo apto para los partidarios del #Spainexit. La Comisión Europea considera que España no cumple cuatro de los once indicadores: paro, déficit, deuda e inversión internacional neta. Para que nadie se asuste, Alemania también suspende alguna cosa. Ante esta realidad, podemos recurrir al clásico "¡Qué inventen ellos! de la Castilla profunda o al "Nosaltres sols" de la Catalunya carlina. O bien tratar de entender que Europa es muchas cosas pero ha sido también una acicate para sacar los mejor de nosotros mismos. Puede ser más o menos legítimo volver al aislacionismo, como hacen la América de Trump y la Gran Bretaña de Johnson, pero en temas como el paro, España se quedaría sola junto a Grecia, Croacia, Chipre e Italia. La verdad no son muy buenas compañías para afrontar los retos de la sociedad digital.

Como se ha visto esta semana también en el acuerdo para tramitar los Presupuestos de la Generalitat, nadie confía en este país en el trabajo como sistema para distribuir la riqueza, de manera que lo que no se quiere repartir en los salarios se tiene que hacer a través de los impuestos. Las condiciones mejoran, como explicaba Joan Tapia, pero no a la velocidad necesaria, básicamente -según la Comisión Europea- porque no aumenta la productividad. Ese debería ser el punto neurálgico de la agenda económica y social. Porque de ella se derivan el resto de suspensos macroeconómicos: la baja productividad también limita la presión fiscal porque los márgenes son estrechos lo cual castiga el déficit público porque las bases de cotización son también limitadas, lastra el consumo interno y penaliza el balance de la inversión internacional pues las empresas no generan suficientes beneficios -o los reparten mal- para salir al exterior.

En este contexto sorprende el furibundo ataque del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, contra la posibilidad de que al salario mínimo alcance los 1.000 euros. Debería ser un auténtico reto el conseguirlo. ¿Qué necesitan las empresas para tener margen suficiente para lograrlo? ¿Mejores reglas de competencia? ¿Que el inmobiliario deje de ser el sector más atractivo de las inversiones por su alta rentabilidad, sea en la construcción o en el alquiler? ¿Formación más adecuada a las necesidades del mercado? Empresarios y sindicatos tienen una mirada excesivamente conservadora sobre estos retos que se acumulan en un círculo que ya es vicioso. Los sindicatos no lo deben fiar todo a la fiscalidad porque mientras no mejore la productividad solo hace que tratar de repartir la escasez. Y los empresarios no pueden buscar en las leyes laborales el último bastión del proteccionismo propio de otro siglo. La competividad de una economía como la española no se puede basar en la desprotección de los trabajadores ni en una fiscalidad que ponga en jaque el Estado del bienestar. Los suspensos de la UE son una invitación a mejorar que no pueden tener el simple rechazo por respuesta. Los retos siguen ahí, los señale quien los señale.