Opinión | Editorial
El Periódico
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El nuevo rumbo de la Guardia Urbana
Además de exigir al Govern que ejerza sus funciones, Barcelona asume su papel en la seguridad ciudadana
El acuerdo de Gobierno en el Ayuntamiento de Barcelona entre ‘comuns’ y el PSC tenía como uno de sus puntales el compromiso de reivindicar sin complejos la seguridad ciudadana como uno de los elementos de una política municipal de izquierdas. Un enfoque que planteara desde el punto de vista social, y sin criminalización de colectivos vulnerables, los problemas que están en la raíz de fenómenos de delincuencia o incivismo. Pero que al mismo tiempo reivindicase con naturalidad el papel de las fuerzas de seguridad. En el último mandato, parte del equipo de Colau no ocultó sus reticencias frente a la Guardia Urbana, o tardó demasiado a reconocer su papel como garante de la convivencia ciudadana y el orden público.
El pacto de Gobierno incluyó, como primera medida para visibilizar que la política de seguridad no era una competencia que se ejercía con manifiesta incomodidad, el nombramiento de un concejal al frente de esta, el exdirector de los Mossos Albert Batlle. En este periodo la Guardia Urbana ha actuado en situaciones en que quizá anteriormente se habría inhibido. Pero además de reivindicar un mayor despliegue de los Mossos por parte de la Generalitat, Administración competente en materia de seguridad ciudadana y principal responsable de la falta de efectivos policiales en la ciudad, el ayuntamiento también debía asumir un mayor compromiso, empezando con un refuerzo de la recortada plantilla de la policía local. Colau y Collboni asumieron el objetivo de convocar mil plazas durante el actual mandato, necesarias para paliar las bajas y jubilaciones e incrementar la dotación del cuerpo de 2.900 a 3.500 agentes. Esta semana, además de proceder con normalidad a un relevo en la dirección del cuerpo, se ha anunciado una convocatoria de 260 plazas de guardia urbano en el 2020, el primer paso para cumplir con la meta marcada. La aprobación de unos presupuestos que hagan posible esta medida, entre otras, debería ser también un objetivo de todas las fuerzas políticas que han reclamado esta mayor implicación municipal.
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