La hora de la política

Las condenas que ha impuesto el Tribunal Supremo (TS) a los líderes del ‘procés’ son duras. Ante la consternación de una parte significativa de la sociedad catalana, no solo la independentista, los jueces han decretado penas de 9 a 13 años por sedición y malversación. Con este fallo, termina una etapa del conflicto político en Catalunya marcada por un lado por la decisión del independentismo de apostar por la vía unilateral al margen del marco constitucional y estatutario y por el otro por la judicialización de un problema que es en esencia político.

Los dos dígitos de la condena marcan una frontera psicológica a la hora de interpretar el fallo en Catalunya. Si bien es cierto que los magistrados del TS no han condenado a los acusados por rebelión –que es un delito contra la Constitución que requiere el uso de la violencia–, sí han impuesto el grado más duro del delito de sedición, el más grave de los que implican alteraciones del orden público. Los jueces no comparten la tesis del golpe de Estado de la fiscalía –algunos líderes políticos tendrán que desterrar el vocablo 'golpista' de su discurso– y han desechado los cargos de rebelión, que hubiesen supuesto penas más duras. Aun así, el rechazo al fallo del ‘president’ de la Generalitat, Quim Torra, y de miles de personas en la calle, con protestas en el aeropuerto de El Prat y en localidades de toda Catalunya, constatan la difícil digestión de la sentencia.

Estos años de choque institucional dejan una onerosa factura. La primera preocupación del independentismo son los presos. En plena campaña electoral, Pedro Sánchez abogaba ayer por el cumplimiento de las condenas. Es muy prematuro hablar de indultos. En la sentencia, el TS deja la aplicación a los presos del tercer grado y otros beneficios en manos de las autoridades penitenciarias, bajo control judicial y con la participación de la fiscalía. Esta es una forma de paliar la dureza de la sentencia de la que hay precedentes (Iñaki Urdangarin) y que evita interferencias políticas. El fallo deja otros dos frentes legales, los previsibles recursos ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y la reactivación, ya decretada por el juez Pablo Llarena, de la euroorden contra Carles Puigdemont y el resto de ‘exconsellers’ en el extranjero.

A pesar de que se mantienen varios frentes legales, puede afirmarse que el fallo cierra la fase de judicialización del conflicto catalán, que al principio fue una opción de Mariano Rajoy para acabar convirtiéndose en un hecho inevitable cuando el 6 y el 7 de septiembre del 2017 el Parlament aprobó las leyes del referéndum y de desconexión. El papel al que la justicia se vio abocada ha terminado tras dos largos años de proceso, y llega la hora de devolver el conflicto a la política. En este sentido, la sentencia debe ser un punto de partida.

El fallo no zanjará el conflicto político catalán. Los millones de catalanes partidarios de la independencia no cambiarán de idea, y los partidos políticos que, legítimamente, propugnan la separación de España no abandonarán su empeño. Mal harían las instituciones del Estado en pensar que la derrota de la vía unilateral y el duro castigo penal por los hechos de otoño del 2017 supone el fin del problema. Las protestas en la calle –legítimas mientras no pongan en riesgo el orden público– son el recordatorio inmediato de que los independentistas ven en las condenas otro ataque a las libertades e ideas que defienden.

Urge regresar a la vía política, en Madrid y en Barcelona. Hasta que no pasen las elecciones del 10-N, haya un nuevo Gobierno y posiblemente nuevos interlocutores en Catalunya (no hay que descartar un adelanto electoral), no habrá las condiciones necesarias para retomar una senda dialogada basada en el respeto a la ley y a todas las opciones políticas, que es la única salida posible. Mientras, cabe exigir que en estos días de emociones a flor de piel no se dé ningún paso irreversible y que todas las partes entiendan que el conflicto corre el riesgo de cronificarse si no se actúa con altura de miras. Tras la dura sentencia, es la hora de la política.