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El juez Llarena reactiva la orden de detención contra Puigdemont

La condena de Junqueras y sus compañeros de banquillo aumenta el riesgo de que huyan fuera de Europa

El magistrado comunica al Parlament que se puede retirar la suspensión de funciones al 'expresident' y Comín

Ángeles Vázquez

El Periódico

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Auto de la euroorden contra puigdemont

Auto de la euroorden contra puigdemont

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena no ha necesitado más que recibir la sentencia del 'procés' para emitir una nueva orden europea de detención entrega del 'expresident' Carles Puigdemont por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos. Paradójicamente la resolución tiene un efecto positivo para él, porque el juez también comunica al Parlament que ya no debe aplicársele la suspensión de funciones de cargo público prevista para los procesados por rebelión, puesto que impera la decisión de sus compañeros de la Sala Segunda, consistente en entender que lo que se cometió fue sedición. [Sigue las últimas noticias tras la sentencia del juicio del 'procés' en directo.]

El que fue instructor de la causa considera plenamente justificada la petición cursada por la Fiscalía, aunque se limite a instar de nuevo la entrega de Puigdemont, pero no del resto de los huidos: Marta Rovira, Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí y Meritxell Serret. Un dato que justo ha sido destacado por la defensa del expresidente catalán, Paul Bekaert, que desde Bruseles calificó la sentencia dictada por la Sala Segunda del Supremo de una muestra de violación de los derechos de defensa que se vivió en el juicio celebrado durante cuatro meses, informa Silvia Martínez.

El Gobierno tampoco ha tardado en valorar la decisión de Llarena. "Es oportunísima y justa", han señalado a EL PERIÓDICO fuentes de la Moncloa. El Gobierno, señalan los colaboradores de Pedro Sánchez, ha implicado tanto a la Fiscalía como a la Abogacía del Estado para lograr que el ‘expresident’ sea arrestado y entregado a España "por un principio de igualdad". Subrayan que Puigdemont es responsable de los hechos juzgados y condenados por el Tribunal Supremo, informa Juan Sierra.

El auto de Llarena explica que si la sola imputación por rebelión hizo que huyeran Puigdemont y varios miembros de su Govern "las condenas de los no evadidos propicia el riesgo de que a partir de ahora los prófugos busquen reforzar" su actitud "refugiándose en países que no formen parte de la Unión Europea y, por tanto, que no hayan asumido el compromiso de cooperación" que rige entre los Estados miembros por "el principio de confianza" mutua entre países. 

Llarena explica que la sentencia proclama que la naturaleza delictiva de los hechos objeto de acusación es sedición y no rebelión o una mera desobediencia, y ese criterio debe tenerse en cuenta también para los huidos. De hecho ya le ha hecho instar el levantamiento de la suspensión de funciones, prevista solo para los procesados por rebeldía, a los diputados del Parlament: Puigdemont y Comín.

El juez destaca que "la significativa cercanía" entre la aportación concreta atribuida a Oriol Junqueras y la que se atribuye a Puigdemont, con independencia de lo que se acuerde cuando sea juzgado, hace que los indicios contra el huido "no sólo persistan, sino que cuenten" con el "refuerzo" que supone la sentencia.

Pieza paralizada

El magistrado mantiene una pieza abierta contra los huidos que estará paralizada hasta que estén a disposición de la justicia española. El Supremo confía en que la nueva reclamación se vea con mejores ojos que las anteriores, gracias a la "lluvia fina" que están suponiendo ciertas resoluciones europeas que rechazan las pretensiones de los este lunes condenados. 

Es lo que ocurrió, por ejemplo, con la demanda de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell contra su prisión. La idea es que estas decisiones que se están dictando en Europa hagan mirar de otra forma los intereses de la justicia española ante nuevas euroórdenes. 

Pronto habrá oportunidad de comprobarlo: la decisión sobre la inmunidad de los europarlamentarios planteada en relación con Junqueras, cuya vista se celebró este lunes, es la próxima que adoptará la justicia europea en relación con el 'procés'.