El mundo socioeconómico recuerda sus prioridades

Hace doce meses que el Govern que encabeza el presidente Quim Torra tomó posesión y se puso fin a la intervención del 155, si bien algunos dirigentes catalanes aprecian que persiste un 155 político.

En ese acto formal de posesión en el Palau de la Generalitat, con presencia de familiares de políticos independentistas presos y en el extranjero, Torra afirmó que quería un Govern para todos, afirmando que el objetivo de la República estaba al servicio de la sociedad.

Combinó poder avanzar bajo el mandato del 1-O con servir a siete millones y medio de catalanes a través de un programa de progreso económico y social ambicioso, a la altura del momento.

Coincidiendo con este <strong>primer aniversario</strong>, agentes sociales y económicos hacen análisis para este diario, a la espera de escuchar este martes al presidente, y proponen qué medidas son urgentes o cuáles son las prioridades que debe gestionar la Administración catalana.

Muchas demandas no son nuevas –algunas se pueden calificar de casi crónicas y no son imputables al Ejecutivo de Torra– pero son relevantes y merecen su atención.

Un denominador común y casi mantra es la necesidad de tener unos nuevos presupuestos, con la vista ya puesta en 2020, para atender a las necesidades que surgen fruto del día a día.

Mientras los sindicatos insisten en que no se puede gobernar con unos presupuestos de crisis ante la falta de recursos, las patronales reclaman una clara apuesta, más intensa si cabe, en cuestiones económicas, en forma de avanzar en el pacto industrial o proyectos ante un cambio de modelo productivo.

En el menú de peticiones en materia social también figuran una estrategia clara contra la pobreza, una buena aplicación de la renta garantizada, atender la falta de efectivos en la atención primaria, enfermeras o reducción de listas de espera.

Justo es decir que empresarios consultados y miembros del sector social ponen en valor la voluntad de reunirse y atender a sus peticiones de las ‘conselleries’, aunque no se traduzca en soluciones inmediatas, mientras que el Govern ha reiterado que hace mucho más de lo que acaba trasladándose a la sociedad y a la opinión pública.

Conscientes de la excepcionalidad instalada en Catalunya a la espera de la sentencia del juicio del 1-O, los agentes sociales y económicos urgen a actuar y, de paso, contrarrestar algo de lo que alertó el Cercle d'Economia: la pérdida de poder económico empieza a notarse.

El presidente Torra, en su discurso de hace un año, ya anticipó que el camino no sería fácil, aunque se refería a la estrategia del ‘procés’, cuyo avance se ha visto influenciado por las últimas contiendas electorales que han alterado el peso de las fuerzas independentistas en el mapa territorial catalán, estatal y europeo.

Este martes el ejecutivo catalán, situando el punto de partida en el 155, explicará medidas concretas, sobre todo del ámbito social, y marcará líneas de acción de futuro ante las prioridades fijadas por la sociedad civil y económica.