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ASIGNATURAS PENDIENTES

Balance de un año de Torra: un Govern "adormecido" en políticas sociales

Las entidades denuncian que el Executiu, con presupuesto prorrogado, carece de un proyecto claro

Médicos y profesores exigen revertir los recortes aplicados con la crisis

El Periódico

Reunión del Consell Executiu el pasado 28 de mayo.

Reunión del Consell Executiu el pasado 28 de mayo. / ALBERT BERTRAN

Mientras las entidades sociales que trabajan con menores siguen teniendo problemas para recibir las aportaciones de la Generalitat a fin de mes, médicos y maestros continúan reclamando, de momento con escaso éxito, que se reviertan los recortes que les fueron aplicados durante la crisis. El balance social del primer año de Quim Torra al frente del Govern es paupérrimo, aseguran los colectivos implicados. Tanto en sanidad como en educación, vivienda y, sobre todo, asuntos sociales, la acción del Executiu ha sido más bien inacción. «Es un Govern adormecido», lamentan.

SANIDAD: Contratar personal y reducir las esperas 

Sin avances políticos. Así valoran la mayoría de actores sociales del ámbito de la sanidad el primer año de gobierno de Quim Torra. "Ha sido un año inactivo en el que hemos retrocedido. La falta de planificación ha hecho que aumentaran todas las listas de espera", señala Josep Maria Puig, secretario general del sindicato Metges de Catalunya (MC). "Seguimos moviéndonos con los presupuestos del 2017: mil millones de euros por debajo de los del 2010".

Anna Cristeto

Directora de EL PERIÓDICO

"El 'exconseller' Comín al menos destinó unos 50 millones para reducir las listas, pero Torra no ha hecho absolutamente nada", opinan fuentes de Marea Blanca, para quienes la medida más urgente es aumentar los presupuestos "sobre todo en primaria". Las malas condiciones laborales han hecho imposible contratar a esos 251 médicos de familia a los que Salut se comprometió tras la huelga de noviembre. Según MC, el 65% de los CAP siguen "exactamente igual" que antes del acuerdo con el Institut Català de la Salut (ICS).

Para el sindicato de enfermería Satse Catalunya, más de lo mismo. "Aunque se ha aumentado la plantilla de enfermeras en ICS, no es suficiente. La ratio media de Europa es de ocho enfermeras para mil habitantes: en Catalunya no llegan a cinco", explica David Carbajales, secretario de Acción Sindical. La medida más urgente es aumentar la ratio, "sobre todo en primaria". Según él, faltan 7.000 enfermeras más en todo el ICS.

Antoni Sisó, presidente de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), opina que la actual 'consellera' Alba Vergés ha "heredado" la cartera del 'exconseller' Toni Comín. "Ha dado continuidad al ENAPISC [la estrategia nacional de la atención primaria y salud comunitaria], pero hace 11 meses que el consejo asesor del plan se reunió por última vez. Sin avances", dice.

La Plataforma per una Atenció Sanitària a Catalunya (Pasucat) denuncia que, pese a que el Gobierno de Sánchez levantó en octubre el veto del TC a la ley catalana de universalización de la sanidad, la norma sigue sin aplicarse porque el Govern "no ha desplegado el reglamento". Prometió hacerlo en septiembre del 2017. "En Catalunya sigue habiendo personas a las que se le facturan las urgencias".

ASUNTOS SOCIALES: Más medios contra la pobreza crónica

"Govern adormecido", así es como define la presidenta de la Taula del Tercer Sector, Francina Alsina, el primer año de mandato de Quim Torra. Una Renta Garantizada que no llega a los hogares que lo necesitan, nulas medidas frente a la pobreza infantil y el impago al que son sometidas las entidades sociales son algunas de las concreciones que el tercer sector no ve que hayan arrancado. Mientras tanto, dicen, la "pobreza de extrema emergencia" sigue acechando a miles de hogares catalanes.

"Tras el 155, esperábamos con ansias el nuevo Govern para mejorar la aportación del 'Govern' de los servicios públicos que prestamos, pero no hemos avanzado en nada", señala la responsable de la Taula d'Entitats del Tercer Sector que asegura que estos fondos siguen congelados desde 2010. Uno de los temas clave, la renta garantizada. Diosdado Toledano, des de la comisión promotora de esta prestación social acusa la Generalitat de "denegar el derecho a personas que cumplen con los criterios por falta de presupuesto". La presidenta de la federación ECAS, Sonia Fuertes, asegura que "algo está fallando" con esta prestación social, y la Taula del Tercer Sector lamenta que, un año después, sigan sin haber aprobado el reglamento que regule esta ayuda para los hogares en riesgo.

"No hay una apuesta en políticas sociales", asegura Fuertes, que pide fondos para garantizar la correcta acogida de los adolescentes que migran solos hacia Catalunya. "No solo no hay ningún calendario sino que hay entidades que llevan meses sin cobrar", lamenta. Misma crítica la que hace Save the Children, que además pide ayudas por hijo a cargo a los hogares desfavorecidos. "Sin presupuesto no se puede desarrollar, pero uno de cada cuatro niños catalanes está en riesgo de exclusión social, debería ser una prioridad", señala la coordinadora de la oenegé en Catalunya, Emilie Rivas.

La Alianza Contra la Pobreza Energética recuerda que hace meses plantearon a Quim Torra dos temas cruciales: que los Bombers de la Generalitat ayuden en la prevención, y que firmen ya los convenios con las eléctricas. Su portavoz, Maria Campuzano recrimina "inacción total" y "descoordinación entre los departamentos". Por su lado, la PAH avisa que los desahucios no hacen más que crecer y que, más allá de reuniones, la Generalitat no ha desarrollado ninguna medida concreta. Solo el decreto de los precios del alquiler, que, dicen, "avala los precios de la burbuja". "No llegamos al 2% en vivienda pública, cuando deberíamos estar al 15% como mínimo", lamenta Alsina. 

EDUCACIÓN: La lucha contra la segregación escolar 

El giro que ha dado el ‘conseller’ Josep Bargalló al frente del departamento –ahora llamado– de Educació no ha sido suficiente para contentar a maestros y profesores, que hace escasamente dos semanas fueron a la huelga en la escuela pública para exigir la reversión de los recortes aplicados en el 2012. Las aulas, especialmente en educación secundaria, soportan concentraciones de alumnos con ratios superiores a las de los años de precrisis y los docentes mayores de 55 años reclaman reducir la carga lectiva. 

Pero la gran asignatura pendiente del Govern de Torra es la lucha contra la segregación escolar, acabar con la brecha entre alumnos ricos y alumnos hijos de familias vulnerables. Solo así, dicen los expertos, se combatirá de raíz la desigualdad social. Bargalló ha anunciadoque en enero presentará dos decretos para combatirla. El sector está expectante sobre su efectividad. 

UNIVERSIDADES: Mejora urgente en  la financiación

Las universidades catalanas siguen, mientras, reclamando una mejora del sistema de financiación, abocadas como están a una situación de precariedad extrema, denunció ayer la Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP). La prórroga presupuestaria las penaliza a la hora de renovar plantillas, mantener equipos de investigación y conservar el patrimonio, alegan.

VIVIENDA: Elevar la inversión en pisos sociales 

La vivienda no ha sido una prioridad para Torra, como no lo había sido para sus antecesores. En los últimos ocho años la inversión de la Generalitat en vivienda protegida ha caído un 40% sin que esta tendencia se haya revertido tras la crisis y ante la aparición de nuevas necesidades vinculadas al aumento desbocado de los precios del alquiler. 

La falta de dotación económica ha provocado, por ejemplo, que el organismo encargado de  hacer frente a la emergencia habitacional en la capital catalana, el Consorci de l’Habitatge de Barcelona, haya estado infradotado, con una lista de espera de 500 familias que deben vivir en  pensiones que financia el ayuntamiento. Según los estatutos del Consorci, el Govern debería aportar el 60% de la financión pero en realidad solo ha tranferido el 20%. Debe a Barcelona el equivalente a mil pisos sociales.

En materia regulatoria la cosas no han ido mucho mejor. La Conselleria de Territori intentó torpedear la reserva para vivienda asequible del 30% de las promociones privadas aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona. La última iniciativa emprendida por la Generalitat, el decreto que permite a los ayuntamientos fijar límites a los precios del alquiler, ha sido considerado una «farsa» por el Sindicat de Llogaters que exige medidas que sean realmente eficaces. Es muy probable, además, que tampoco sea convalidado por el Parlament. 

Esta información ha sido elaborada por Beatriz Pérez, Elisenda Colell, Manel Vilaseró y María Jesús Ibáñez