Opinión | Editorial
Una 'lavandería' con sucursal en la Costa Brava
Recibir con los brazos abiertos capitales sin fiscalización alguna supone complicidad con operaciones que pueden ser oscuras
El pasado 4 de marzo, una investigación periodística coordinada por el Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) en que participaron 21 medios internacionales, entre ellos EL PERIÓDICO, destapó una enorme red de blanqueo de dinero a la que se bautizó como ‘Lavandería Troika’, por el nombre del banco de inversiones ruso, Troika Dialog, que creó esa estructura. La trama se extendía por numerosos países. Y España no se libró de ello. Aquí se sustanció con la llegada de cerca de 400 millones de euros que aterrizaron en bancos españoles a través principalmente del Deutsche Bank y del Danske Bank, dos entidades financieras enfangadas en el blanqueo masivo de fondos procedentes de Rusia.
La investigación periodística llevada a cabo entre el OCCRP y este diario ha permitido destapar cómo el entorno de Sergey Chemezov y Vladimir Artyakov, dos íntimos colaboradores del presidente ruso, Vladimir Putin, se sirvió de esa red de blanqueo para hacerse con lujosas viviendas en S’Agaró, una de las zonas más selectas de la Cosa Brava. Ambos son altos cargos de Rostec, la gran empresa estatal rusa dedicada a la fabricación de armamento, y las operaciones sospechosas fueron llevadas a cabo por empresas pantalla y familiares que acabaron siendo los titulares de de esas exclusivas residencias, oficialmente a un precio muy inferior al real de mercado.
La llegada de esas inversiones, que han aterrizado de forma oscura y tienen un origen que lo es aún más, debería preocupar a las autoridades. Aunque a priori no genere un problema de seguridad pública, recibir esas millonarias inversiones con los brazos abiertos sin fiscalización alguna es convertirse en cómplice del oscuro origen de las mismas. Nadie esconde mediante testaferros y empresas pantallas en paraísos fiscales un dinero ganado de forma honrada.
Además de distorsionar un mercado inmobiliario ya hinchado, esas inversiones pueden ser la plataforma de penetración en territorio español de estados no aliados u organizaciones criminales que con ellos financien actividades tales como injerencias extranjeras o la promoción de noticias falsas.
Sean los fondos reciclados por la ‘Lavandería’ dinero distraído para no tener que pagar impuestos, provengan del pago de sobornos a políticos, de comisiones ilegales o, lo que sería peor aún, tengan su origen en el fruto de las actividades del crimen organizado -tráfico de drogas, armas, personas o prostitución-, esos capitales contaminan todo lo que tocan.
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