Opinión | Editorial
Alquileres: con los deberes a medias
Si el mercado no es capaz de regular los abusos, parece lógico que los ayuntamientos puedan disponer de herramientas para frenar la especulación
Ya ha entrado en vigor la ley de arrendamientos urbanos (LAU), el real decreto ley de medidas urgentes en materia de viviendas y alquiler cuyo objetivo es atajar la burbuja de los precios en las grandes capitales. La ley atiende a una de las principales demandas de los inquilinos: la ampliación de la duración mínima de los contratos de alquiler (pasarán de tres a cinco años, siete si el arrendador es una empresa). Pero pospone la posibilidad de que los ayuntamientos pongan un tope a los precios en aquellas zonas con alquileres disparados. Esta era una de las medidas más esperadas para frenar la voracidad desbocada del mercado y había sido pactada con Podemos, que no acepta la demora.
Lo cierto es que la situación ha llegado a unos límites insostenibles. La radiografía de Barcelona desnuda la necesidad de medidas urgentes y contundentes que frenen la especulación y eviten el éxodo de vecinos. Por no hablar de los desahucios de alquiler, que ya representan el 65% del total. El endurecimiento de las condiciones de financiación dificulta el acceso a la compra, con lo que más personas han tenido que recurrir al alquiler. Tendencia que ha sido aprovechada por el mercado para encarecer los precios.
La vivienda es un derecho básico, y la Administración tiene la obligación de protegerlo. Si el mercado de alquileres no es capaz de regular los abusos, parece lógico que los ayuntamientos puedan disponer de herramientas efectivas para defender a sus ciudadanos.
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