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VIVIENDA

Podemos tumbará el decreto del alquiler si las ciudades no pueden regular los precios

Representantes de Ada Colau y otros cinco municipios se reúnen hoy con Fomento para presionar

La formación morada considera "una trampa" la propuesta del ministerio de incluir la cuestión más adelante

Manuel Vilaseró

Manifestación contra el acoso inmobiliario en Barcelona.

Manifestación contra el acoso inmobiliario en Barcelona. / ARCHIVO / JOAN CORTADELLAS

Si el Gobierno no incluye la posibilidad de que los ayuntamientos límiten los precios en el decreto de reforma de los alquileres aprobado el pasado viernes  “Unidos Podemos votará en contra y lo tumbará”.  Con esta rotundidad se ha pronunciado en declaraciones a EL PERIÓDICO Lucía Martín, la portavoz de En Comú Podem en el Congreso, el día antes de que representantes de la alcaldesa Ada Colau y otras cinco ‘ciudades del cambio’ se reúnan en Madrid con la secretaria  general de Vivienda, Helena Beunza, para presionar en el mismo sentido.

La situación sería inédita. El decreto ya ha entrado en vigor este miércoles pero aún debe ser convalidado por el Congreso. Si Podemos lo rechaza en la votación que probablemente tendrá lugar hacia finales de enero no saldrá adelante porque PP y Ciudadanos también votarán en contra. Los contratos, que han pasado a tener una duración mínima de cinco años, volverían a la situación anterior de tres años a partir del momento de la anulación.

Otro decreto

Podemos ha propuesto al Gobierno que elabore otro decreto que deroge el que ya ha pasado por el Consejo de Ministros o que apruebe otro inmediatamente después de que el inicial sea rechazado. Martín  admite que la situación sería “rara” pero la atribuye exclusivamente al Gobierno.

“El texto tal como lo aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes es inasumible y vulnera el acuerdo firmado por Pablo Iglesias Pedro Sánchez”, que recogía la regulación de los precios en las “zonas tensionadas” por parte de los municipios que así lo desearan.

La opción propuesta por Fomento de introducir la regulación de precios a través de una tramitación del decreto como proyecto de ley una vez se haya convalidado ni se la plantea Podemos porque sería “poner en manos de la oposición la posibilidad de bloquearla durante meses”. “Aunque firmaron la medida, nunca han querido hacerla y pretenden que la oposición les haga el trabajo sucio”, critica la diputada.

Enfado creciente 

El enfado de la fuerza morada empezó el pasado jueves por la noche cuando se enteró por las llamadas de algunos medios de comunicación de que el Ejecutivo iba a aprobar el decreto sin que hubieran terminado las negociaciones que Martín mantenía  con Beunza sobre su contenido. “Había un compromiso claro de que no se llevaría nada al Consejo de Ministros sin mediar un acuerdo previo con nosotros”, recuerda la diputada de En Comú Podem.

Al día siguiente pudieron comprobar, al escuchar al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que no habría ninguna regulación de precios. La respuesta de Podemos llegó a través de un tuit que pasó desapercibido pero en el que Pablo Iglesias ya amenazaba con votar en contra. “Mientras se sigue desahuciando a compatriotas como #PepiSeQueda, el decreto del Gobierno no contiene la medida más importante del acuerdo: prohibir las subidas abusivas del alquiler. Si no rectifican, votaremos en contra. Pacta sunt servanda [Los pactos están para ser cumplidos]”, advertía el secretario general de Podemos.

Fomento, según las fuentes consultadas, no acaba de creerse que Podemos sea capaz de tumbar un decreto que incluye medidas largamente reivindicadas por esta formación, pero pasados unos días, lo que fue una primera reacción de Iglesias se ha convertido en decisión firme.

“No nos conocen si se creen que vamos de farol. Esta no es nuestra manera de trabajar. Llevamos años peleando por estas medidas y no nos viene de un mes con tal de que se hagan bien”, señala la diputada, que recuerda como ya tumbaron el decreto del anterior ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, sobre los estibadores y "tuvieron que hacer otro".

La lectura pormenorizada del texto del decreto, que el BOE publicó el pasado martes, no ha hecho más que confirmar a la fuerza morada la necesidad de aprobar otro decreto. “No es tan solo que esté incompleto, es que no recoje el espíritu de lo que pactamos y diluye varias cuestiones importantes, como los derechos de tanteo y retracto de las administraciones”, señala Martín.

La redacción del apartado de los desahucios la considera “un engaño” porque introduce como novedad que se puedan aplazar un mes, algo que ya existe y hace recaer en las personas afectadas la responsabilidad de llamar a los servicios sociales. “En fin, un despropósito. Han faltado al compromiso de consensuar cualquier decreto y este es el resultado, una chapuza ”, resume Martín.

Una iniciativa de Colau tras tomar posesión

Al poco de tomar posesión, el año 2015, Ada Colau lanzó la primera advertencia sobre el disparatado aumento de los precios de alquiler y pidió, además de una reforma en profundidad de la la LAU, seguir los pasos de otros países europeos, como Francia y Alemania, que estaban limitando las subidas en algunas grandes ciudades a través de la creación de un índice de referencia.

Consciente de que desde la esfera municipal no tenía competencias para ello, la alcaldesa de Barcelona acabó arrastrando  a Unidos Podemos y a las denominadas ‘ciudades del cambio’ a sus planteamientos.

Los representates de seis de estas ciudades (Barcelona, Madrid, Zaragoza, Valencia, Cádiz y Córdoba) explicarán  este jueves a la secretaria general de Vivienda del Ministerio de Fomento, Helena Beunza, que, como principales afectadas por la subida de los precios, la reforma aprobada le parece “un paso adelante, pero insuficiente”.

“Necesitamos tanto la ampliación de la duración de los contratos que se ha aprobado como poder regular el precio cuando se firma otro contrato nuevo”, ha explicado el concejal de Vivienda de Barcelona, Josep Maria Montaner, que participará en el encuentro.

El Sindicato de Inquilinas también se ha reunido este miércoles con Beunza y varios grupos parlamentarios para insistir en la necesidad de dotarse de instrumentos legales adecuados para “frenar las subidas abusivas”.