Más que energética, es pobreza

La definición de pobreza energética sigue estando en construcción y en proceso de consenso, especialmente en relación a los indicadores que han de permitir el análisis y seguimiento de la situación. Para entendernos, se trata de una situación en la que una vivienda no es capaz de pagar una cantidad de energía suficiente para satisfacer sus necesidades domésticas y/o se ve obligada a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética. Para combatirla y evitarla hay que ir a las causas, y estas ponen de manifiesto que no se trata de un fenómeno coyuntural, sino estructural.

Como cualquier otra manifestación de la pobreza, la dificultad para hacer frente al coste de los suministros tiene que ver con la falta de ingresos, pero en este caso hay otros factores determinantes, como los precios abusivos de la energía y el mal estado del parque de viviendas. Partiendo de esta consideración, las actuaciones para abordarla deben ser multifactoriales. Actualmente existen medidas para mejorar la eficiencia energética y el aislamiento de las viviendas, cierto soporte económico para hacer frente al gasto, estrategias para optimizar el consumo y promover nuevos hábitos que ayuden a reducirlo... pero, obviamente, todo esto debe ir acompañado de medidas de regulación que racionalicen el coste de la energía en clave de protección del consumidor.

También debe haber mayor transparencia en el acceso a la información, el seguimiento de las medidas implementadas y el uso de herramientas como el bono social eléctrico, cuya efectividad ha resultado ser muy limitada. Hasta ahora, el bono ha dejado fuera a muchas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad a pesar de no cumplir con los criterios para acogerse a él (la potencia contratada, por ejemplo). Las nuevas medidas planteadas por el Gobierno central deben ayudar a revertir esta situación, pero la naturaleza multifactorial del fenómeno exige actuaciones de mayor calado.

En el Global Social Economy Forum celebrado recientemente se reivindicó la acción política como herramienta necesaria para la transformación social y, en ese sentido, hay que garantizar un despliegue de políticas que realmente ejerzan esa función transformadora. A medio y largo plazo se trata de asegurar la igualdad de oportunidades para empoderar a la ciudadanía y superar el paradigma asistencialista, ya que segmentar la pobreza entraña el riesgo de ofrecer respuestas parciales cuando lo necesario son intervenciones integrales con visión global.

La responsabilidad de las empresas

Si bien la responsabilidad principal recae en las administraciones públicas, para combatir la pobreza energética debemos seguir reclamando la corresponsabilidad y el compromiso de las grandes compañías comercializadoras. Las entidades sociales nos sentimos interpeladas en todo lo referente a pérdida o incumplimiento de derechos, vulnerabilidad y situaciones de desprotección, y desde nuestra lucha diaria hacemos un llamamiento a todos los actores implicados sin olvidar que, en última instancia, estamos hablando de pobreza en el sentido más amplio.