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Bien básico

El Gobierno trata de poner freno a la subida del precio de la luz

Teresa Ribera pone coto en un Real Decreto-Ley a las 'trampas' de las comercializadoras

El Decreto incluye una ampliación del bono social eléctrico actual y la creación de un bono térmico

Sara Ledo

Teresa Ribera en una sesión del control del Senado.

Teresa Ribera en una sesión del control del Senado. / JOSE LUIS ROCA

El Consejo de Ministros ha intentado poner coto en su reunión de este viernes a las subidas del precio de la luz a través de un Real Decreto Ley de medidas urgentes para dotar a los consumidores de los instrumentos necesarios para rebajar su impacto en la factura, como la exención del Impuesto Especial de Hidrocarburos, pero también con incentivos a las renovables y la derogación del 'impuesto al sol'.

El Gobierno suspende el impuesto de generación eléctrica (7%) durante seis meses y hace una exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos para desactivar el denominado 'céntimo verde' que tendrá un impacto del 4 % en la factura, según Ribera, como medida "de alivio" mientras trabaja en las "grandes medidas estructurales" como la reforma del funcionamiento del mercado eléctrico y la revisión del sistema fiscal que, dijo, "no está claro que sea el óptimo".

Protección al consumidor

"La factura de la luz debe dejar de ser ese gran desconocido que llama a nuestra puerta cada mes y que nadie entiende", argumentó Ribera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que comparó la actual aversión que hay en la sociedad a la factura eléctrica con la que hace años existía hacia el recibo telefónico. Por ello, el Gobierno dotará al consumidor de mayor conocimiento sobre el recibo con medidas como obligar a las comercializadoras a incluir en la factura de sus clientes con tarifa de Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) el importe correspondiente de su consumo si tuvieran una tarifa de discriminación horaria. 

Según el Gobierno, un cambio a esta tarifa puede llegar a suponer un ahorro de 20 euros anuales, pudiendo ser mayor si se adoptan hábitos de consumo eficiente. Sin embargo, solo 660.000 hogares de los 11,1 millones de usuarios en el mercado regulado tienen tarifa de discriminación horaria, según la CNMC.

El Decreto también incluye la posibilidad de contratar la potencia en múltiplos de 0,1 para ajustarla a las necesidades de consumo. En la actualidad, los escalones de contratación eran de 1,1 KWh. Según el Gobierno, en el último trimestre de 2017 casi el 40 % de los hogares tenía una potencia contratada entre los 4 y los 6 KWh por lo que existe mucho margen. Un cambio de potencia de 0,5 KW podría suponer un ahorro anual de 26 euros en un hogar tipo.

Evitar las ‘trampas’ de las comercializadoras

El Gobierno prohíbe a las comercializadoras de eléctricas y de gas natural vender sus productos 'puerta a puerta'. Y permite la inhabilitación directa de aquellas que realicen prácticas fraudulentas en el mercado mayorista, como por ejemplo, el incumplimiento de las obligaciones de compra de energía en los mercados diario e intradiarios.

De igual modo, se regulan los términos en los que las comercializadoras de energía eléctrica podrán acceder a los datos de consumo y potencia contratada de los consumidores para que puedan ofrecerles mejoras en la gestión de su demanda, optimización de la contratación del suministro o la adopción de medidas de eficiencia energética.

Bono social eléctrico

La lucha contra la pobreza energética es una de las prioridades del Gobierno que cifra en 4,6 millones el número de hogares que la sufre. Para intentar reducir esta situación, la ministra ha anunciado que ampliará la cobertura del actual bono eléctrico que caducaba este lunes 8 de octubre hasta el próximo 31 de diciembre. 

Además, el Gobierno pone el foco en las familias monoparentales con la fijación de criterios de renta específicos para estos colectivos, más susceptibles al riesgo de pobreza energética, especialmente en el caso de las mujeres (el 85% de los hogares son monomarentales) aumentando en 0,5 veces el IPREM para acceder al bono social.

También se amplían en un 15 % los límites de consumo de energía con derecho a descuento y el cómputo de consumo anual se flexibiliza para proteger a los hogares en los meses de mayor consumo, puesto que hasta ahora la energía no consumida en un mes no se podía utilizar en otro momento.

Y se prohíbe el corte de suministro en los hogares acogidos al bono social donde viva al menos un menor de 16 años, así como en aquellos donde resida al menos una persona con un nivel de discapacidad del 33% o superior o una persona en situación de dependencia en grado II y III.

Por otra parte, el Gobierno endurecerá las sanciones a las comercializadoras con multas de hasta 60 millones de euros en caso de infracciones muy graves.

Bono social de calefacción

El Gobierno creará un nuevo bono térmico que será una ayuda directa para la calefacción, el agua caliente y la cocina en invierno para los beneficiarios del bono social eléctrico en función del grado de vulnerabilidad, del número de personas que formen la unidad familiar y de la zona climática en la que se encuentre su casa.

Ribera incidió especialmente en que estas medidas surgen como respuesta "urgente" para los próximos seis meses de invierno, mientras crean una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética que establecerá objetivos y un marco de acción estable para su erradicación.

Energía renovable

El Gobierno además ha derogado el impuesto al sol eliminado trabas burocráticas que dificultaban la presencia de una mayor movilidad eléctrica al eliminar la figura del gestor de carga prevista en la Ley del Sector Eléctrico.

Además el nuevo Decreto fomenta la generación eléctrica a partir de fuentes renovables al otorgar una prórroga excepcional, y por una sola vez, para los permisos de acceso y conexión otorgados con anterioridad a la aprobación Ley 24/2013, en cuya ausencia caducarían el próximo 31 de diciembre de 2018. "De los más de 9.000 MW que tenían que estar instalados de aquí a 2020 y que tenían que terminar sus procedimientos antes del 31 de diciembre del 2018 solamente lo están 80", precisó Ribera. Así se evita que deba remitirse una nueva solicitud, tramitación y otorgamiento, algo que impediría alcanzar los objetivos internacionales acordados por España de lograr que el 20% del consumo energético provenga de fuentes renovables en el año 2020.