análisis
Pensiones: parches en lugar de reformas estructurales
Hugo Ferradáns
Investigador en IESE Business School y analista de Agenda Pública
Hugo Ferradáns
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, propuso el pasado martes que los futuros jubilados puedan ampliar su periodo de cálculo de la pensión a toda su vida laboral de forma voluntaria. Aunque aún sin elaborar, la propuesta supondría una mejora sustancial para el carácter contributivo y social del sistema. Aun así, no parece que, para la ministra, la sostenibilidad del sistema a largo plazo sea un problema: ha dicho que va a pagar más, pero no sabemos aún de dónde saldrá el dinero para hacerlo.
Antes de la reforma del 2011, el periodo considerado para el cómputo de la pensión era de 15 años. Es decir, que la cuantía de tu pensión dependía de las cotizaciones de los 15 años anteriores a la jubilación, que la reforma de 2011 amplió a 25.
El problema principal de considerar un número de años establecido para el cálculo de la pensión menor a la totalidad de la cotización es que limita el carácter contributivo del sistema, ya que la pensión que recibe un individuo no se corresponde a la totalidad de su contribución sino a la de los años inmediatamente anteriores a su jubilación, lo que beneficia a las personas que hayan tenido una carrera con salarios incrementales. La crisis económica agravó este problema, porque muchas personas perdieron su empleo y con ello sus cotizaciones. Se puede decir, pues, que esta reforma supondría una mejora en cuanto a la contributividad y capacidad redistributiva del sistema, en un mercado laboral donde el paro es más norma que excepción.
Sin embargo, en un contexto en el que el sistema de pensiones tendrá que soportar el doble de pensionistas hacia el 2045, la propuesta es un parche a un problema que podría poner en peligro la totalidad de la Seguridad Social si no se toman medidas estructurales. El pasado noviembre el gobierno anunció que tendrá que endeudarse para poder pagar las pensiones. Es pertinente preguntarse de dónde piensa el Partido Popular sacar el dinero para pagar esta reforma.
La solución que han planteado algunos economistas como J. Ignacio Conde Ruiz es la de crear un sistema de pensiones basado en las cuentas nocionales. En este sistema la cuantía de la pensión recibida depende de las contribuciones que se hayan hecho al sistema durante toda la vida laboral de un individuo, que luego se convierten en pagos anuales. El beneficio es que evita que los políticos aplacen reformas necesarias o utilicen las pensiones de forma electoralista e irresponsable, ya que la sostenibilidad del sistema se garantiza por cómo está construido. Aunque la propuesta de la ministra da un paso hacia un sistema de pensiones más justo, lo que necesita el sistema de pensiones español no son parches, sino un sistema que garantice su sostenibilidad en el largo plazo, que sea justo y que evite los juegos políticos para ganar votos. Esto es lo que garantizarían las cuentas nocionales. Esperemos que el Pacto de Toledo proponga medidas en esta dirección.
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