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La violación como arma de guerra contra los rohingyas

Georgina Higueras

Los militares birmanos han recurrido a la violación sistemática y en grupo de mujeres y niñas rohingyas para que huyan a Bangladesh y abandonen definitivamente la tierra donde se instalaron sus ancestros. Los uniformados se han servido del arma de guerra más abyecta para aterrorizar a una etnia musulmana convertida en apátrida por la ley de nacionalidades de 1982.

La nueva persecución estalló el 25 de agosto, después de que el Ejército de Salvación Arakan Rohingya, levantado en armas en el 2016, realizase un ataque coordinado contra comisarías birmanas en el que murieron 12 agentes. Desde entonces, las fuerzas de seguridad iniciaron una campaña de “deportaciones forzadas, homicidios, violaciones sexuales y actos de persecución contra los rohingyas”, según denuncia Human Rights Watch.

La comunidad internacional asiste paralizada a este crimen de lesa humanidad contra los más parias del mundo: Occidente por vergüenza y Oriente por interés. Tras encumbrar a Aung San Suu Kyi como símbolo de la resistencia y la democracia de Myanmar, consagrada con el Premio Nobel de la Paz, Occidente no comprende cómo su heroína permite un genocidio y cómo no defiende a esas mujeres inocentes, y a toda una etnia, aplastadas por las mismas botas que la mantuvieron a ella bajo arresto domiciliario durante dos décadas. Por el contrario, enviados de Suu Kyi que, con permiso de los militares, dirige de facto el Gobierno birmano desde que su partido ganó las elecciones del 2015, han amenazado a Europa y EEUU con volverles la espalda y echarse en brazos del dragón chino si continúan las críticas al comportamiento del Ejército.

Marcada por la vecindad con China e India y con una larga costa sobre el golfo de Bengala, Myanmar tiene un enorme valor estratégico, además de ricos recursos naturales sin explotar, lo que permite a sus dirigentes coquetear con los poderosos actores que se disputan el control del corredor del Índico al Pacífico, por el que circula un tercio del comercio mundial de mercancías y dos tercios del transporte energético. Esto facilita la “limpieza étnica” de los rohingyas, asentados en el norte del estado de Rajine, el antiguo reino de Arakan, habitado por budistas que se sienten constreñidos al sur.  

La desfachatez y la impunidad con que operan los militares la dejó en evidencia el ministro para la seguridad fronteriza de Rajine, coronel Phone Tint, quien a las acusaciones de violencia sexual respondió: “¿Donde están las pruebas? Mire a esas mujeres que presentan las quejas, ¿cree que alguien va a querer violarlas?”. El informe publicado en noviembre sobre la investigación realizada por el Ejército autoexculpa a todos los militares de matar civiles, utilizar violencia sexual o quemar las viviendas de la minoría musulmana a la que se refiere cómo “bengalís”.

Prógromo aplaudido

Los budistas de Rajine, molestos por las promesas incumplidas de sucesivos gobiernos y por el incremento de musulmanes inmigrantes de Bangladesh, han protagonizado varios pogromos contra los rohingyas, que aplauden la mayoría de los birmanos. Además, durante años organizaciones estadounidenses como Freedom House y National Edowment for Democracy apoyaron el empoderamiento budista para sumar los 400.000 monjes a los esfuerzos democratizadores de la detenida líder opositora, como evidenció la llamada revolución azafrán, por el color de los hábitos de los monjes, que en el 2007 tomaron las calles de las principales ciudades en protesta por la subida de un 500% en el precio de la gasolina.

Los rohingyas son los grandes perdedores de la democracia birmana. La transición, iniciada en el 2011, generó en algunos sectores militares una inseguridad que taparon demostrando la necesidad imperiosa de defender el Estado y el budismo, para lo que instigaron los enfrentamientos sectarios del 2012, que dejaron casi un centenar de muertos en cada lado y 140.000 rohingyas recluidos, cómo “apátridas musulmanes bengalíes”, en campos de refugiados en condiciones casi infrahumanas. El Ejército desplegado desde entonces en Rajine no ha dejado de cometer tropelías.

Hasta el 2012, la población de rohingyas en Myanmar era de 1.200.000 personas, pero según ACNUR a mediados de noviembre ya habían huido a Bangladesh más de 610.000. Pramila Patten, enviada de la ONU para investigar la violencia sexual, reconoció el amplio uso de ésta “como método para impulsar el desplazamiento forzoso a escala masiva y como calculada herramienta de terror dirigida al exterminio y la limpieza étnica de los rohingyas como grupo”. Aseguró que trasladará al Tribunal Internacional de La Haya los testimonios recabados, pero desgraciadamente, mientras Naciones Unidas siga siendo el corral de rivales con derecho a veto y los intereses de China y EEUU se crucen en Myanmar, poca justicia pueden esperar los rohingyas de la comunidad internacional. 

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