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Al contrataque

Podemos preguntarnos sobre la idoneidad de enviar a la cárcel a Sànchez y Cuixart, pero no podemos encuadrarles en la categoría de presos políticos


Yo no me siento cómoda con el encarcelamiento de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. La razón es sencilla: pienso que la acusación de sedición es excesiva y que no ayuda a rebajar la tensión política y social. Sin embargo, entiendo que para hacer posible la convivencia es necesario cumplir y hacer cumplir la ley. Mis conocimientos de Derecho son limitados, pero leyendo el auto de la jueza Lamela me parece que Sànchez Cuixart no son presos políticos. No sé si las miles de personas que protestaron por su envío a prisión con caceroladas y concentraciones tuvieron tiempo de leerlo. Ahí no se refleja que su encarcelamiento sea por sus ideas a favor de la independencia de Catalunya, digan lo que digan la Generalitat, la CUP, Òmnium Cultural, la Assemblea Nacional Catalana o unos cuantos tuiteros. Si fuera por eso, estaría en prisión la mitad del arco parlamentario catalán.

La ley y la oportunidad

Lo que sostiene el auto es que Sànchez Cuixart lideraron el cerco a la Guardia Civil durante los registros y detenciones en la Conselleria d’Economia a finales de septiembre y que ambos obstaculizaron el cumplimiento de la ley. Puesto que son los que organizan las grandes manifestaciones callejeras, la jueza cree que hay riesgo de reincidencia en el delito y también de destrucción de pruebas sobre su papel en aquellos días. Podemos preguntarnos sobre la idoneidad de su envío a la cárcel de Soto del Real, pero me parece que no podemos encuadrarles en la categoría de presos políticos. Tampoco creo que haya que esperar de los jueces pronunciamientos en uno u otro sentido en función de la idoneidad del momento político. Y eso va por todos; también por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, cuando ha criticado los autos en casos de corrupción contra el Partido Popular. Y no podemos pensar que la magistrada es buena por dejar en libertad al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y mala por encarcelar a Sànchez Cuixart. La ley no debería anunciarse en función de la oportunidad o inoportunidad de nuestros gobernantes.

Dicho esto, mantengo que me genera cierta incomodidad el encarcelamiento de Sànchez Cuixart, porque la prisión preventiva es una medida extrema y porque temo las consecuencias. Ambos lideran entidades con mucho predicamento entre los independentistas y muy poderosas en la calle. Tanto, que la Assemblea Nacional Catalana ha recolectado más de dos millones de euros para pagar la multa de Artur Mas y compañía impuesta por el Tribunal de Cuentas tras la organización de la consulta del 9-N. Me gustaría saber cuánto ha puesto Mas, si es que ha puesto algo. Hace algunas semanas, un dirigente del PP me dijo: «Nos esperan días duros». Y ahora pienso que quizá se quedaba corto.
 

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