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Editorial

RENTA GARANTIZADA: Una solicitante de ayuda pública de la Generalitat.

RICARD CUGAT

La renta garantizada de ciudadanía, en marcha

La RGC se erige en Catalunya en un instrumento capital para paliar una brecha social que la crisis ha agravado

Este viernes entra en vigor en Catalunya una medida social cuya gestación se remonta a casi cuatro años atrás: la renta garantizada de ciudadanía (RGC), fruto de una iniciativa legislativa popular respaldada por 120.000 firmas. En síntesis, se trata de la asignación de una cantidad mensual (de 564 a 1.062 euros, según el número de miembros de la unidad familiar) a las personas en grave riesgo de exclusión social, para que puedan salir del pozo en el que se encuentran. Parte de la retribución está condicionada a la realización de un plan de inserción laboral o de inclusión social, para que no se desincentive al perceptor en la búsqueda de un trabajo o una formación. Y quienes ya perciben otras ayudas públicas solo cobrarán la cantidad que falte hasta los 564 euros de la RGC. Son dos aspectos que es necesario subrayar para rebatir las críticas que puedan surgir de sectores con nula empatía hacia los más desfavorecidos. Otro aspecto destacado de la prestación es que pasarán a percibirla automáticamente, sin necesidad de más papeleo, las 28.000 personas que ahora ya cobraban la renta mínima de inserción. La pobreza severa ronda en Catalunya el 10% de la población, con lo que la RGC se erige en un instrumento capital para paliar una brecha social que la crisis ha aumentado gravemente y que no lleva camino de disminuir pese a la mejora de la macroeconomía. En medio de la crispación que invade la política catalana, la implantación de la RGC es una buena noticia compartible por todos.  

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