La confusión de la transparencia

Tres meses después de entrar en vigor la legislación sobre transparencia, la información de las webs municipales de Catalunya en lugar de mejorar ha empeorado, especialmente en algunos aspectos. Y esto a pesar del esfuerzo que están haciendo muchos responsables políticos y técnicos.Hay que reflexionar sobre cómo se está aplicando la ley para hacer las correcciones necesarias antes de que se consoliden algunos vicios, y definir pautas que permitan que la información sea transparente y de calidad, condición necesaria aunque no suficiente para evitar la corrupción y responder al reto de mejorar la democracia. 

Partimos de la experiencia de evaluar las webs municipales desde el 2012 en el marco del Mapa Infoparticipa (www.mapainfoparticipa.com). Examinamos las páginas adoptando el punto de vista de cualquier persona interesada en obtener respuestas a cuatro preguntas que consideramos básicas: quiénes son los representantes políticos, cómo gestionan los recursos colectivos, cómo informan de la gestión, y qué recursos ofrecen para la participación ciudadana.

En la nueva edición hemos desdoblado estas preguntas en otras 51 añadiendo algunas exigencias de la ley, especialmente en el terreno económico, pero no todas porque nuestro objetivo no es garantizar su cumplimiento sino promover una información de calidad. Los resultados los publicamos en este mapa que traduce la puntuación de cada web según unas tonalidades para facilitar la participación ciudadana. La concesión del Sello Infoparticipa a las que obtienen las puntuaciones más altas ha colaborado a mejorar muchas webs en estos años. Sin embargo, el examen que estamos realizando para la tercera edición nos ha conducido a detectar nuevos problemas.

PUBLICACIÓN OBLIGADA

La legislación sobre transparencia define las informaciones que las administraciones tienen obligación de publicar sin que la ciudadanía lo solicite; en el caso catalán, un repertorio que la Administració Oberta de Catalunya (AOC) ha concretado en 130. Aunque estas informaciones tenían que estar publicadas en las webs a principios del 2016, hoy pocas webs cumplen con los 52 indicadores Infoparticipa. 

Pero más grave que la falta de información es la confusión que se está produciendo porque han aumentado las dificultades para encontrarla, se han multiplicado los apartados en los que se ubica, se utiliza una terminología opaca, administrativa, y hay que hacer unos recorridos a menudo tortuosos que conducen a documentos a veces incomprensibles o a la nada. Muchas webs son tan complejas que es difícil buscar y hallar la información y comprenderla.

Así, si hasta ahora se podía confiar en que en el apartado 'Ayuntamiento' o 'Consistorio' se publicarían las informaciones sobre los representantes políticos, el organigrama de la corporación, las formas de funcionamiento y los documentos derivados, como las actas del Pleno o de la Junta de Gobierno Local, los presupuestos, la planificación urbanística o relativa a diferentes colectivos…, hoy hay que buscarlas en ese apartado o también en Portal de Transparencia, Sede Electrónica, Gobierno Abierto, Datos Abiertos, Indicadores económicos..., sin garantía de encontrarlas o de que estén elaboradas de forma comprensible o en formatos reutilizables por cualquier persona, como establece la ley.

De modo que algo elemental para que la ciudadanía pueda valorar a sus representantes, a veces solo se puede ver en un 'pdf' del BOP o a través de 'links' a otras administraciones no siempre activos y con la información actualizada. Tampoco resulta fácil conocer datos económicos como retribuciones de representantes políticos o de cargos de confianza, asignaciones económicas a cada grupo político; el presupuesto y su ejecución; los contratos, convenios, subvenciones... Y no digamos el Plan de Gobierno, tan olvidado como imprescindible para el buen gobierno y para que la ciudadanía evalúe a sus representantes y estos rindan cuentas.

CONFUSIÓN

En fin, la aplicación de la Ley de Transparencia está generando confusión porque en lugar de partir de la base de que toda web corporativa ha de ser transparente, se ha puesto de moda estructurarla en compartimentos con términos que no facilitan ni que los técnicos introduzcan la información y la actualicen con la mayor economía de esfuerzos, ni que cualquier persona encuentre lo que la ley obliga a publicar.

 Urge consensuar criterios para una información de calidad, evitando que una normativa aprobada con retraso respecto a otras democracias europeas cause desconfianza, o se convierta en papel mojado o en palabras vacías que llenan la boca de los políticos menos interesados en responder al reto de mejorar la democracia.