Una exalto cargo de la Generalitat admite que se validó el permiso ambiental de la cementera de Montcada con informes antiguos

La investigación sobre las presuntas irregularidades en la concesión de la autorización ambiental en 2015 para la cementera de Montcada i Reixac, gestionada por la empresa LafargeHolcim España, está desvelando en cada declaración judicial nuevas sospechas de cómo se tramitó el permiso. La que fuera directora de Qualitat Ambiental de la Generalitat en esas fechas, Assumpta Ferran, ha admitido este martes al juez instructor del caso, ante el que compareció en calidad de testigo, que le "sorprendió" cómo se tramitó y gestionó esa autorización de 2015 que, al entender de la fiscalía, era "obsoleta" y se basaba en informes emitidos en 2006, según las fuentes jurídicas consultadas por EL PERIÓDICO. Las mismas fuentes precisaron que la exalto cargo ha declarado que se "extrañó" de que se llegara a firmar esa autorización en el Diari Oficial de la Generalitat.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) anuló en varias ocasiones, de 2013 a 2019, la autorización de la Generalitat porque, a su entender, la declaración de impacto ambiental (DIA) no fue publicitada para que los afectados pudieran formular alegaciones sobre su contenido. Según la fiscalía, a pesar de que Emili Dragone Vives –jefe de servicios de prevención de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Conselleria d'Acció Climàtica– conocía la resolución de nulidad, propuso, "sin más", la publicación del permiso en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), en lugar de iniciar un nuevo procedimiento.

Informes jurídicos

"Nos encontramos con una resolución de 2015 en base a una documentación de 2016, totalmente caducada y obsoleta, con base en una normativa que no estaba en vigor", ha explicado el abogado de los vecinos el barrio de Can Sant Joan, Albert Calduch, que ejerce la acusación.

La exdirectora general, siempre según las fuentes presentes en su declaración ante el juez, ha asegurado que existían informes jurídicos que avalaban la decisión de conceder la autorización medioambiental a la cementera y que se tramitara tal como se hizo, aunque ha recordado en varias ocasiones durante su interrogatorio que ella no era jurista. Esos dictámenes, a pesar de haber sido solicitados por el juez, no han llegado al juzgado y, según han explicado representantes de la Generalitat, todavía los están buscando.

Informe sobre los ruidos

Esos dictámenes habrían sido emitidos desde diferentes departamentos jurídicos de la Administración catalana. La exalto cargo ha explicado que la actividad de la cementera "podría tener afectación en la población y que su obligación era evitarlo", descartando esta posibilidad. Sobre si el suelo de la cementera está o no contaminado, la testigo recalcó que ella solo es responsable de la calidad ambiental, de la "atmósfera". El abogado de la acusación le ha preguntado también sobre un informe encargado por el Ayuntamiento de Montcada que destacaba que los ruidos emitidos por la cementera era un riesgo para la salud de los vecinos. La exdirectora general ha respondido que, en cambio, la Generalitat informó de todo lo contrario. Las fuentes consultadas aseguran que el Ayuntamiento intentó hacer alegaciones en el 2015 sobre este tema, pero que la Administración catalana las rechazó.

Otras dos exaltos cargos han declarado este martes en el juzgado: los exsecretarios de Medi Ambient de la Generalitat Josep Enric Llebot y Marta Subirà i Roca. Según el abogado de los vecinos afectados por la cementera de Montcada, esta última testigo ha afirmado que ella se aseguraba antes de firmar los documentos que llevaran el membrete correspondiente y los informes, pero que no los leía todos porque no tenía tiempo y porque confiaba en su equipo. Ambos testigos han insistido en desconocer los pormenores de la autorización medioambiental concedida a la cementera.