Un excargo del Govern se escuda en unos informes jurídicos para justificar los permisos a la cementera de Montcada

Emili Dragone Vives, excargo de la Conselleria d'Acció Climàtica, ha defendido ante el juez la autorización medioambiental otorgada en 2015 a la cementera de Montcada i Reixac, gestionada por la empresa LafargeHolcim España, justificando la decisión en los informes jurídicos que le aportaron, según las fuentes judiciales consultadas por EL PERIÓDICO. La fiscalía, y también los vecinos del barrio de Can Sant Joan, presentaron hace unos meses dos denuncias, que ahora tramita un juzgado de Barcelona, en las que acusan al Ejecutivo catalán de otorgar ese permiso en base a otros que desde 2015 habían sido declarados nulos por el Tribunal Supremo en varias sentencias.

El juez ha interrogado en calidad de imputado a Dragone, el entonces jefe de servicios de prevención de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, que está acusado de cooperador necesario en un delito contra el medio ambiente, al presuntamente haber autorizado licencias ambientales contrarias a la normativa de actividades contaminantes. También ha sido interrogado el legal representante de la empresa Lafarge.

La fiscalía considera que se otorgó una autorización ambiental totalmente obsoleta

Petición del juez

El excargo no solo se ha escudado en los informes jurídicos que le habían aportado, sino también ha afirmado, siempre según las mismas fuentes, que el expediente para la concesión de la autorización medioambiental se inició antes de que cambiara la normativa y, por lo tanto, no debía tenerse en cuenta la misma. El Govern de aquel momento, distinto al actual, concedió en noviembre de 2015 esa nueva autorización a la cementera. La fiscalía considera que el excargo de la Generalitat "era consciente de que se acabaría otorgando una autorización ambiental totalmente obsoleta", pues los estudios se remontaban a años atrás.

Dragone, que ha rechazado contestar al abogado de los vecinos, Albert Calduch, que ejerce la acusación, no ha explicado, según este letrado, por qué utilizó estudios antiguos. El juez requerirá a la Conselleria d'Acció Climàtica los informes jurídicos a los que se ha referido Dragone.

El representante legal de la empresa Lafarge, por su parte, ha asegurado que ellos cumplen con todos los requisitos legales y que el Tribunal Supremo anuló la autorización medioambiental en 2008 solo por unas cuestiones formales. Asimismo, ha subrayado que la empresa está ubicada en ese lugar desde hace años y que los vecinos llegaron mucho después, a la vez que negó que la empresa ocupara una parte de suelo contaminada y que puede afectar a la salud de los trabajadores.

Y es que esta cementera, además de producir cemento, actúa como incineradora, lo que, según la denuncia de la asociación de vecinos del barrio de Can Sant Joan, provoca la emisión de polvo y partículas que complican su día a día. Respecto a la incineración, el representante de la compañía ha explicado que queman residuos semiorgánicos.