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Editorial

Un año de la confesión de Pujol

La comisión parlamentaria no ha aclarado muchas cosas, pero ha servido como catarsis para airear la corrupción

El próximo sábado se cumplirá un año de una noticia que conmocionó a Catalunya: la confesión de Jordi Pujol de que había ocultado dinero en el extranjero durante más de 30 años. Como no podía ser de otra manera, esa confesión pública ha tenido repercusiones judiciales y políticas de gran alcance. Pero un año después siguen sin aclararse numerosos detalles del caso y las razones por las que el expresident y ahora exmolt honorable se decidió a admitir los hechos. Si la intención, como se ha dicho, era la de proteger a sus hijos, algunos ya entonces en el punto de mira de la justicia, no parece que lo haya logrado porque desde entonces se han acelerado las investigaciones y varios de sus descendientes están imputados en diversos casos. Uno de ellos, Oriol, destinado a ser el sucesor del sucesor, ya lo estaba, pero su retirada definitiva de la política se adelantó en solo unos días a la confesión, con una relación evidente entre un hecho y otro.

La confesión de Pujol se examinó en una comisión de investigación creada en el Parlament, que esta semana precisamente debe aprobar las conclusiones. Aunque la comisión, como suele ocurrir, no ha aclarado demasiadas cosas -no tiene ni medios ni procedimientos ni preparación necesarios--, sí ha servido como catarsis y como instrumento más para airear los casos de corrupción, como ha ocurrido también en otros lugares de España. En las conclusiones de la comisión se reprueba a Jordi Pujol, con la oposición de CiU, por haber «escondido de las autoridades tributarias» fondos en el extranjero y se reclama a él y a su familia, con la abstención del grupo mayoritario, que levanten el secreto bancario de esas cuentas. La mayoría de los grupos sostienen también que Pujol confundió lo privado con lo público y que el actual president, Artur Mas, conocía los negocios de los hijos de su mentor político.

Aparte de la influencia que ha tenido en el proceso soberanista, una de las repercusiones políticas del caso también se producirá estos días: la refundación de CDC, unas siglas ligadas a la corrupción que el partido fundado por Pujol en 1974 ya ha abandonado prácticamente y con las que no concurrirá a las urnas el 27-S. Pero si hemos de juzgar por las aportaciones de CDC a la comisión, no parece que la refundación se asiente en la necesaria denuncia de la corrupción: en las conclusiones de CiU ni aparece la palabra Pujol.