27 oct 2020

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EL OCASO DE UNA SAGA

Cuatro jueces investigan a ocho de los nueve miembros del clan

El 'expresident' tuvo que declarar para dar explicaciones sobre la fortuna en Andorra

J. G. ALBALAT / BARCELONA

El matrimonio de Jordi Pujol Marta Ferusola tiene siete hijos. De los nueve miembros de la familia, ocho figuran como imputados en procesos instruidos por cuatro jueces, dos de la Audiencia Nacional y dos de Barcelona. Solo uno de los hijos, Josep, se ha librado de pasar por los juzgados. Los negocios particulares o sus fortunas están en el transfondo de las investigaciones.

LA FORTUNA EN ANDORRA

Jordi Pujol y su esposa, imputados

Treinta años después, Jordi Pujol Soley volvió a declarar ante un juez. En 1984, siendo presidente fue en su despacho de la Generalitat por el 'caso Banca Catalana'. El 27 de enero pasado fue en la Ciutat de la Justicia de Barcelona por la fortuna que mantuvo oculta durante años en Andorra. Su confesión desató una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias y la apertura de un proceso judicial contra él, su esposa, Marta Ferrusola, y tres de sus hijos, MartaMireia y Pere. El expresidente catalán asegura que el origen del dinero depositado en Andorra es parte del legado de su padre, Florenci Pujol, pero no ha presentado en el juzgado ningún documento que lo acredite. La magistrada que se encarga de la investigación está pendiente de que Andorra le facilite los datos que ha solicitado sobre las cuentas bancarias abiertas por la familia Pujol y que fueron regularizadas ante Hacienda poco antes de la confesión del exmandatario catalán. La justicia intenta aclarar si el origen del dinero es el legado o hay enriquecimiento ilícito. Además, la jueza está analizando si la regularización de la cantidad oculta se hizo correctamente. Por este caso también ha declarado como imputado el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, a quien sus hermanos le atribuyeron los manejos de los fondos depositados en el país vecino.

EL 'CASO ITV'

La justicia frustró la carrera de Oriol

Oriol Pujol estaba llamado a ser el sucesor de Artur Mas, pero su trayectoria política quedó truncada por su implicación en una trama que supuestamente intentó amañar la adjudicaciones de estaciones de ITV. El hijo del expresidente está imputado por tráfico de influencias y cohecho, lo que le obligó a dejar su cargo como número dos de CDC y diputado en el Parlament. El juez y el fiscal consideran que usó "su peso político" para que unos empresarios lograran sus propósitos. También se le investiga por su "intervención" en las negociaciones para la reconversión industrial de las fábricas Sharp, Yamaha y Sony y la recalificación de unos terrenos. A cambio de estas gestiones, según la jueza, la esposa de Pujol percibió 499.060 euros entre el 2008 y el 2011 del empresario Sergi Alsina, amigo de la familia. El supuesto mecanismo para ocultar las comisiones era contratar falsas asesorías con la empresa de su mujer .

LAS COMISIONES

Los negocios de Jordi, el primogénito

Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito de la familia, está imputado por un juez de la Audiencia Nacional por su actividad como comisionista e intermediario en varios negocios. El origen de la causa judicial fue la declaración de su exnovia, María Victoria Álvarez, quien en la polémica comida de La Camarga con la presidenta del Partido Popular en Catalunya, Alicia Sánchez-Camacho, explicó como el mayor de la saga sacaba dinero de Andorra en una mochila, testimonio que ratificó en el juzgado. Este mes de julio, el juez ha insistido en que Pujol júnior obtuvo en el 2004 "un patrimonio no irrelevante" de "pagos millonarios" como comisiones y "pagos ilegales".

EL FINANCIERO

Oleguer y su millonaria actividad inmobiliaria

El 23 de octubre del 2014, la policía detuvo durante unas horas a Oleguer Pujol, el benjamín de la familia, y registró su domicilio en Barcelona. Un juzgado de la Audiencia Nacional le está investigando por un presunto delito de fraude a Hacienda y otro de blanqueo de dinero por varias operaciones inmobiliarias que superan los 2.000 millones de euros, como la adquisición de oficinas del Banco de Santander y la compra de un hotel con dinero recibido de una empresa radicada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes.