Tribunales

El TSJC envía a juicio a los exconsellers Lluís Puig y Santi Vila por las obras de Sijena

La fiscalía considera que los políticos incumplieron la resolución judicial que anulaba la compra de las piezas y no las retornaron a sus anteriores propietarios

Fotografía facilitada por el Gobierno de Aragón de la llegada de los bienes del patrimonio histórico artístico del Monasterio de Sijena.

Fotografía facilitada por el Gobierno de Aragón de la llegada de los bienes del patrimonio histórico artístico del Monasterio de Sijena. / LUIS CORREAS

J. G. Albalat

J. G. Albalat

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El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha enviado a juicio a los exconsellers de Cultura Lluís Puig y Santi Vila por presunta desobediencia a raíz de la denuncia del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena (Huesca), que ejerce la acusación, por la entrega de las obras de arte del Museu de Lleida, según una resolución comunicada este jueves.

A Puig lo juzgará el mismo TSJC por su condición de aforado --tiene en escaño en el Parlament por Junts a pesar de que reside en Bélgica-- mientras que a Vila, que ahora no es aforado, lo enjuiciará un juzgado penal de Barcelona, según ha resuelto el tribunal. La fiscalía atribuye a los dos un presunto delito de desobediencia a resoluciones judiciales, y a Vila también lo considera responsable de un presunto delito de usurpación de atribuciones judiciales. El alto tribunal impone, además, una fianza de responsabilidad civil por a cada uno de los acusados por importe de 17.250 euros.

La polémica se remonta a los años 80, cuando las hermanas sanjuanistas de la Orden de Malta vendieron a Catalunya más de 90 obras de arte, como sepulcros del siglo XV, que pertenecían al Monasterio de Villanueva de Sijena y que eran parte de la historia de Aragón. Estas piezas fueron expuestas en el Museo de Lleida, pero la comunidad vecina las reclamó.

En 2015 una sentencia de un juzgado de Huesca decretó la nulidad de la venta de estas obras a la Generalitat en 1983 y 1992 y por el Museo Nacional de Arte de Catalunya (MNAC) en 1994 y requirió que los bienes fuesen devueltos al monasterio al que pertenecían. Esta decisión fue confirmada por la Audiencia de Huesca. Sin embargo, el Govern se negó. En concreto, los políticos ahora acusados no habrían atendido, e incluso habrían llegado a obstaculizar, según la acusación, la decisión de traslado que tomó el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Huesca cuando ambos formaban parte del Ejecutivo de Carles Puigdemont. Aunque en 2016 finalmente se entregó una parte, en 2017 la Guardia Civil irrumpió en el Museo de Lleida y se llevó las 44 piezas.

Pena de multa

En su día, la fiscalía de Huesca solicitó sendas condenas de 11 meses de multa a razón de 18 euros diarios (5.940 euros) e inhabilitación por dos años para los exconsellers Vila y Puig por su negativa a devolver los bienes del Monasterio de Sijena depositados en el Museo de Lérida. En su escrito de acusación, el ministerio público destacaba que ninguno de los acusados realizó "actividad alguna" para cumplir los reiterados requerimientos y apercibimientos hechos desde el Juzgado de Primera Instancia número uno de Huesca para que procedieran a cumplir con la sentencia de 2015 que ordenó la devolución de dichas piezas.

El exconseller Vila atendió parcialmente la orden de ejecución de la sentencia, ya que ordenó el retorno de las piezas adquiridas por el MNAC, pero rechazó la entrega de las 44 depositadas en el Museo de Lleida, las más valiosas del tesoro histórico artístico de Sijena. A pesar de los apercibimientos hechos por el magistrado oscense, ni Vila ni su sucesor, Puig, acataron la orden del tribunal, lo que llevó a la representación legal del Ayuntamiento de Sijena y a la fiscalía a querellarse contra los exconsellers.

La querella, tras la aplicación del artículo 155 en Catalunya, fue trasladada desde el Tribunal Supremo, donde fue interpuesta dada la condición de aforados de los exconsellers, a un juzgado de Huesca. Sin embargo, ante el aforamiento de Puig en su condición de diputado en el Parlament, el proceso judicial recayó en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ahora ha abierto el juicio oral.