El Gobierno aumenta las ayudas al audiovisual para que opten a ellas las plataformas

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Anteproyecto de ley del Cine y de la cultura Audiovisual, que pretende fortalecer la industria a nivel nacional e internacional y que engloba a "toda la cadena de valor", incluidas plataformas y series de televisión.

"Han pasado 15 años de la anterior ley, se han producido importantísimos cambios en el mundo audiovisual y digital, el sector nos pedía una adaptación a la nueva realidad", ha dicho en rueda de prensa el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta.

En un comunicado posterior, el ministerio ha anunciado que las ayudas al sector se verán reforzadas este año con los fondos europeos, hasta alcanzar un total de 101,7 millones de euros -frente a los 70 millones del año pasado-.

Esta ampliación de las ayudas resulta clave porque la nueva norma prevé que puedan optar a ellas tanto series como películas producidas por plataformas, hasta hasta ahora excluidas de las convocatorias de subvenciones. Es decir, los miembros entre los que se repartirá el dinero se amplían notablemente.

Globalidad

El título de la Ley, elaborada a propuesta de Iceta y de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, se amplía para dar "un mensaje de globalidad a una industria diversa, en la que se encuentran el cine y la televisión, las series, las plataformas y las salas de cine".

Cultura iniciará a partir de ahora una nueva ronda de contactos con representantes del sector, tras lo cual el texto volverá al Consejo de Ministros e iniciará su tramitación parlamentaria como Proyecto de Ley.

Desde la entrada en vigor de la Ley 55/2007, la realidad de la producción, distribución, explotación, conservación, preservación y consumo del audiovisual ha cambiado radicalmente, sobre todo después de la pandemia.

El sector ha experimentado cambios profundos que hay que integrar dentro de un marco normativo que entienda estas nuevas dinámicas para establecer instrumentos que respondan a las nuevas necesidades, avances y retos de la industria y los nuevos públicos. Así se contempló dentro del Plan 'España, Hub Audiovisual de Europa' presentado en marzo de 2021 para impulsar la atracción de inversión y actividad económica para mejorar la competitividad de los los profesionales del sector

En cuestión de números, de los 101,7 millones de euros que Cultura destinará a las ayudas al audiovisual, 22,9 millones de euros procederán del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos. De esos 22,9 millones, ocho servirán para engrosar las ayudas a la producción de largometrajes (de un total de 68 millones de euros), con el objetivo concreto de impulsar "tanto las obras dirigidas por mujeres como la animación, por su contenido tecnológico y digital". Y 350.000 euros se destinarán a reforzar las ayudas a festivales (de un total de 1,35 millones de euros) en lo que se refiere a medidas de digitalización y sostenibilidad.

Principios fundamentales de la Ley

El fortalecimiento y apoyo de la cadena de valor del tejido creativo e industrial con especial atención a los sectores independientes por constituir elementos clave de la diversidad cultural.

El respaldo a los autores y al pleno ejercicio del derechos de propiedad intelectual, en un contexto de salvaguarda de la autonomía creativa que permita alcanzar mayor calidad y libertad artística.

Que las producciones accedan al mercado y al público en mejores condiciones para garantizar su circulación y rentabilidad.

La adaptación a las nuevas tecnologías, formatos y hábitos de consumo en paralelo con los procesos de digitalización y de desarrollo sostenible.

La defensa de la competencia y los equilibrios del mercado y el acceso a datos que favorezcan un mejor conocimiento de la realidad del sector de una forma transparente, es decir, que las plataformas tendrán que informar del número de visionados.

Y la puesta al día del patrimonio audiovisual a través de su reivindicación, del desarrollo de las audiencias y de programas educativos.

Diferenciación de terminología entre obra audiovisual y película cinematográfica

En ese intento de adaptarse al nuevo paradigma también se ha incluido una diferenciación terminológica entre lo que sería una obra audiovisual y una película cinematográfica. La obra audiovisual sería aquella que se estrenaría directamente en plataformas o en Internet sin pasar por una sala de cine, lo que incluiría a las series. Además, quedaría definida como una creación expresada mediante imágenes asociadas, ya sean reales o de animación, con o sin sonorización incorporada, tanto de ficción como de carácter documental o experimental, fijada en cualquier medio o soporte y en cuya elaboración interviene la creación, producción, montaje y postproducción.

Las películas cinematográficas tendrían que pasar por las salas de exhibición y estarían destinadas a su explotación comercial.

Por eso también, este anteproyecto de ley se llama "Ley del cine y la cultura audiovisual".

Incubadoras de creación

Además, se crean nuevas ayudas para laboratorios e incubadoras de creación y desarrollo de proyectos audiovisuales, dotadas con 9 millones de euros, nuevas ayudas a la distribución internacional (3 millones de euros), ayudas a la participación en eventos audiovisuales internacionales (500.00 euros) y para las Spanish Screenings XXL (2,05 millones de euros).

Todas las ayudas valorarán de forma transversal, en todas sus convocatorias, el fomento de la igualdad de género, la sostenibilidad e impacto ambiental, la contribución a la transición digital y la incorporación de medidas de accesibilidad universal.

Patrimonio

Otro de los principios en que se apoya la reforma es la puesta en valor del patrimonio audiovisual, que se aborda de una forma más amplia. Entre las novedades al respecto destaca la calificación de la Filmoteca Española como Bien de Interés Cultural (BIC).

La ley contempla la creación del Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura Audiovisual con el fin de fortalecer la cooperación público-privada y establecer políticas públicas, de alfabetización audiovisual o patrimonio, entre otras.

Dicho consejo tendrá la obligación de elaborar y publicar un Plan estratégico para la cinematografía y la cultura audiovisual cada 4 años, así como informes anuales sobre las medidas impulsadas y sus resultados.

Por otro lado, se incluye en el texto la flexibilización y clarificación de los requisitos para obtener la nacionalidad española de las obras y un sistema de corregulación para la calificación por edades, similar al establecido en el ámbito de los servicios de comunicación audiovisual televisivos, lineales o a petición.

Esta ley, junto con la Ley General de Comunicación Audiovisual, en trámite parlamentario, son reformas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno que, entre otras cosas, aspira a convertir España en un "hub audiovisual internacional" y a aumentar la producción audiovisual en España un 30% mediante la movilización de 1.603 millones de euros.