España paraliza la construcción del almacén de residuos nucleares en Almaraz
Mariano Rajoy y Antonio Costa firman un pacto amistoso con mediación de Bruselas
España y Portugal han sellado temporalmente la paz entorno al contencioso que mantenían por la construcción de un almacén de residuos nucleares en la central de Almaraz (Cáceres). El Gobierno portugués, con la mediación del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha aceptado retirar la denuncia que presentó el pasado 17 de enero contra las autoridades españolas a cambio de que estas paralicen la puesta en marcha de este almacén.
Según el “acuerdo amistoso” anunciado por el Ejecutivo comunitario, España se compromete a compartir con la vecina Portugal “toda la informacion pertinente en materia medio ambiental y seguridad nuclear” y en caso necesario a facilitar para que el proyecto no tenga “repercusiones significativas en el territorio portugués. En este sentido, organizará “tan pronto como sea posible”, y en un plazo máximo de dos meses, una visita de las autoridades portuguesas a Almaraz para que comprueben las medidas de seguridad previstas y obtengan las aclaraciones necesarias.
CONSECUENCIAS ECOLÓGICAS
A esta visita también asistirán representantes del gabinete de Jean-Claude Juncker y de las Direcciones Generales de Medio Ambiente y Energía de la Comisión Europea. El objetivo: “analizar y tomar en consideración las reservas legítimas que suscita el proyecto y adoptar medidas proporcionadas para disiparlas”. Lisboa teme que el proyecto tenga consecuencias ecológicas en Portugal ya que la central está a un centenar de kilómetros de su territorio.
Mientras dure el proceso, el Gobierno que dirige Mariano Rajoy se compromete a no emitir ni ejecutar la autorización para comenzar las operaciones del almacén de residuos. Además, España se abstendrá de tomar cualquier medida que puedan considerarse irreversible para cualquiera de las partes del acuerdo o que pueda influir en el resultado de las consultas con Portugal. En su lugar, las autoridades españolas se comprometen a examinar y tener cuenta “de buen fé y con espíritu constructivo” las reservas que pueda expresar el gobierno de Antonio Costa.
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