Pobreza y desahucios, prioridades del plan de choque social de 270 millones, de JUnts pel sí y la CUP

La pobreza infantil y energética y los desahucios son las medidas de aplicación "inmediata" que incluye el plan de choque social de Junts pel Sí y CUP, para el que contemplan una dotación de 270 millones de euros sin haber cerrado, no obstante, acuerdo alguno sobre los Presupuestos de la Generalitat.

En una conferencia de prensa en el Parlament, el diputado de Junts pel Sí, Raül Romeva ha presentado este martes "la propuesta de acuerdo", trabajada con la CUP en los últimos dos meses y que el partido antisistema elevará a su Asamblea Nacional del próximo 27 de diciembre para que la avale. Son 61 páginas que abordan un gobierno de "transición" hacia una "república catalana" con una Presidencia coral capitaneada por Artur Mas, el proceso constituyente y el plan de choque social.

Sobre este último punto, Romeva ha afirmado que "personalmente" cree que sería asumible por Catalunya Sí Que Es Pot, aunque ha descartado que en este momento esté sobre la mesa la opción de tejer alianzas con un socio alternativo a la CUP.

En cuanto al controvertido complejo turístico BCN World, el documento señala que se deja "en suspenso" la tramitación del plan director urbanístico y se abre un grupo de trabajo para revisar el proyecto. En referencia a la empresa Aigües Ter Llobregat, el texto no especifica si se revertirá la adjudicación a una empresa privada y deja el asunto para el proceso constituyente, momento en el que se debatirá el modelo de gestión del agua.

Ante las urgencias sociales, el documento señala medidas que deben aplicarse de forma "inmediata" en tres áreas prioritarias: la pobreza infantil, la energética y la prevención de desahucios, sin especificar partidas presupuestarias concretadas. Entre otras, propone incrementar las becas comedor que cubren el 100 % del coste, desplegar protocolos para que la Generalitat y las empresas energéticas comuniquen a los servicios sociales las situaciones de posibles cortes de suministros; y priorizar el destino de las viviendas públicas de alquiler para los casos en manos de las mesas de emergencia.

El documento contempla otras medidas, estas sí con impacto presupuestario, que se aplicarían durante los próximos 18 meses, pero que no se podrían desplegar con una "simple prórroga presupuestaria", ha advertido Romeva, que ha admitido que no tienen garantías de que la CUP apoye unos Presupuestos de la Generalitat de 2016 ya que este asunto "no ha formado parte" de la negociación.

En sanidad, el documento insta a aplicar una moratoria en el Consorcio Sanitario de Lleida para garantizar que lo configurarán únicamente entidades públicas; incluye fondos para la reducción de listas de espera (96 millones) y pide reabrir algunos centros de atención primaria y de urgencias. El documento incluye la recuperación de la renta mínima de inserción como "derecho subjetivo" (70 millones de euros adicionales) y un aumento de plazas de residencia y servicios a domicilio para personas con dependencia (50 millones de euros).

También emplaza a invertir en centros educativos de zonas más desfavorecidas para reducir la ratio de alumno por aula (5 millones) y a incrementar plazas públicas de guarderías o reducir las cuotas que abonan las familias (15 millones). En cuanto a vivienda, el documento prevé 10 millones de euros para aumentar el parque público y ampliar ayudas al alquiler, y otros 10 millones para un plan de barrios. La propuesta contempla asimismo impulsar la dación en pago, la reconversión del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) en un banco público y preparar los marcos para que pueda haber un salario mínimo de 1.000 euros en la hipotética Cataluña independiente.

El documento también insta a la Generalitat a no aplicar reducciones de los salarios en la administración pública al menos durante el periodo de "transición nacional". Para financiar estas partidas, el texto propone recuperar figuras impositivas recurridas ante el Tribunal Constitucional (energía nuclear y emisión de gases por la industria y la aviación comercial), reinstaurar el impuesto sobre depósitos bancarios e incrementar la lucha contra el fraude fiscal, con la creación de una "policía fiscal", entre otras medidas.