Mas expone su plan anticorrupción y la oposición le afea los casos de CiU

Al mismo tiempo en que la Guardia Civil registraba el domicilio del expresidente del Institut Català de la Salut Josep Prat y pocas horas antes de que se confirmara la imputación de Xavier Crespo, exalcalde de Lloret y diputado convergente, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, exponía en el Parlament el plan de lucha contra la corrupción que tiene en mente tras haberse reunido dos veces con los órganos de control político, legislativo y judicial. Muchos de sus propósitos de «regeneración democrática» cuentan con el visto bueno de la oposición, aunque eso no evitó que, con menor o mayor acidez, todos le recordaran ayer al jefe del Govern el maremágnum de casos turbios e investigaciones judiciales en que están envueltos supuestamente varios dirigentes de CiU.

Si el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, evitó mencionar a Luis Bárcenas en el debate de política general del Congreso, Mas eludió en su primera intervención referirse al caso Millet, al caso ITV, al caso Crespo o al espionaje político en Catalunya. En el turno de réplicas, forzado por los rivales, que le afearon que quiera erigirse en el adalid de la transparencia sin limpiar su casa, tuvo que responder a las acusaciones de financiación irregular de Convergència a través del Palau de la Música. Negó la mayor e incluso alardeó de que ordenó devolver el dinero recibido por una fundación convergente a través de la institución musical, aunque los fondos se recibieran, dijo, «de forma legal».

SEIS GRANDES APARTADOS / El president intentó evitar el «y tú más» con los otros partidos, pero recurrió a él con dureza en respuesta al portavoz del PPC, Enric Millo. El dirigente popular y exmilitante de Unió (imputado en el caso Pallerols y posteriormente desimputado) le criticó por reunirse con los órganos de control «a puerta cerrada» y le acusó de hacer un «show televisivo» para hacer «un corta y pega» de medidas que ya se habían propuesto, a lo que Mas le conminó a mirar hacia sus filas. Menos encontronazos tuvo con el socialista Pere Navarro, pese a que este también le recriminó que no contara de salida con los partidos, y hubo también choques con ICV-EUiA, cuyo líder, Joan Herrera, le instó a pasar de verdad de las palabras a los hechos.

En su discurso inicial, Mas se centró en las medidas contra la corrupción. Como complemento a la ley de transparencia y a la electoral que prevé aprobar el Parlament, abogó por ampliar la información a los ciudadanos, aumentar la vigilancia de la contratación pública, reforzar los organismos de control, incrementar la transparencia de los partidos y mejorar la administración de justicia. Como sexta propuesta, reclamó abrir una profunda reflexión sobre la figura del imputado.

Pese a que la principal novedad que anunció el jefe del Govern fue el futuro nombramiento de una «persona independiente» para que «haga un seguimiento» de la implantación de esas medidas, el president dedicó muchas más palabras a defender que no se aparte a los imputados de sus cargos públicos «al primer indicio» (idea en la que sintoniza con el PSC). De lo contrario, arguyó, se debilita a los responsables públicos y se favorece a poderes fácticos que pueden sacar tajada atacando a los políticos.

Además, insistió en la necesidad de «rehabilitar» a quienes sean imputados y al final demuestren su inocencia. Lo hizo antes y después de que hablara Oriol Pujol. El secretario general de Convergència -para quien la fiscalía ha pedido la imputación por el caso ITV- aprovechó su turno para dar a entender que dimitirá si lo imputan. «Más me vale la injusticia, incluso conmigo mismo, que no hacer nada», dijo. Y para defender a CiU tras los ataques de la oposición por no tomar medidas contra el director de Serveis Penitenciaris, Xavier Martorell, por el caso de espionaje, justificó que este «no ha investigado a ninguna persona».