Mas despedirá a interinos y recortará sueldos y ventajas a los funcionarios

Ala misma hora en que en la sede de Governació los representantes de la Generalitat y de los sindicatos empezaban a negociar el plan de recortes más severo que se ha planteado jamás en la Administración catalana, elpresident, Artur Mas, apelaba en el Parlament al espíritu de sacrificio de los trabajadores de la función pública. Pero además de lanzar este ruego público a sus empleados, Mas les recordó que el Ejecutivo parte con ventaja porque, con la que está cayendo, los funcionarios tienen perdida de antemano la batalla de la opinión pública. «El Govern plantea un conjunto de cosas que, en el caso de las que afectan a la función pública, creo que son bien entendidas por el conjunto de la ciudadanía». Las «cosas» a las que el presidente se refería incluyen despidos de trabajadores interinos (la Generalitat calcula que hay 58.000, pero los sindicatos aseguran que, tras los sucesivos tijeretazos, son 30.000 menos), rebajar el salario de todo el personal y revisar la mayoría de los pluses.

El objetivo final -ambicioso, como reconocen fuentes gubernamentales- es ahorrar unos 600 millones de euros. Los representantes de Governació, que anunciaron que el año que viene la Generalitat no convocará oposiciones, entregaron ayer a los sindicatos un documento con 19 medidas, 11 de ellas estructurales y otras 8 temporales, como punto de partida para una negociación que proseguirá hoy y que el Ejecutivo pretende cerrar en dos semanas para que el acuerdo conste en los presupuestos del 2012.

Los representantes de los trabajadores han recibido la propuesta inicial como una «declaración de guerra» y sus servicios jurídicos están examinándolas porque dudan de que todas se ajusten a la legalidad.

DERECHOS ADQUIRIDOS / En total hay 205.000 personas que perciben una nómina de la Generalitat. Esta cifra incluye tanto a los asalariados de los departamentos como a los de las empresas públicas, consorcios y fundaciones. Para empezar, y con carácter temporal, el Govern quiere reducirles las pagas extras de junio y Navidad. También pretende dejar en suspenso el plus de productividad y la aportación al plan de pensiones que la Administración suscribió para todos sus empleados y que le obliga a desembolsar 13,5 millones de euros cada año.

Otra partida que quedaría congelada es el llamado fondo de acción social (12,5 millones ), una especie de presupuesto ómnibus porque igual sirve para contribuir a pagar matrículas universitarias a los trabajadores que lo solicitan como a sufragar la factura de la guardería, ayudar a los que tienen personas dependientes a su cargo o costear gafas y audífonos. Por duras que puedan parecer estas medidas, al menos a ojos de los sindicatos, el consuelo que les puede quedar a los funcionarios es que el Govern las plantea con carácter temporal. Otras, en cambio, pretende modificarlas o suprimirlas de manera definitiva.

BAJAS Y FESTIVOS / Entre los cambios estructurales que se negocian destaca la revisión de losticket restauranteque actualmente reciben, según los datos del Ejecutivo, 100.000 personas y suponen un coste anual para la Administración de 17,5 millones.

Aunque pueda parecer una obviedad, otra de las propuestas plantea la eliminación de los llamados «complementos de presencia efectiva», pensados inicialmente para aquellos trabajadores destinados a ámbitos como las prisiones o juzgados pero que se ha acabado generalizando (el coste para las arcas públicas es de 11 millones). En el capítulo de supresiones destaca también la referida a la «deducción proporcional de retribuciones por ausencias injustificadas». De esta manera se pretende ahorrar dinero y, de paso, luchar contra el absentismo.

En el caso de las bajas justificadas, la Generalitat se niega a seguir pagando el sueldo íntegro durante los primeros 18 meses. Tampoco las reducciones de jornada por maternidad se escapan del recorte. Actualmente, las madres o padres podrían reducir su jornada durante el primer año y seguir cobrando toda la nómina.

Hoy se reanuda la negociación, y la tensión generada se incrementará exponencialmente en los próximos días ante la escalada de movilizaciones que preparan los sindicatos. Sin embargo, tienen en su contra el agotamiento provocado por los conflictos en la sanidad y un calendario poco propicio. Otro de los puntos que han levantado las iras de las centrales es el torpedo lanzado por la vicepresidenta, Joana Ortega, al anunciar su intención de eliminar las ayudas y los liberados sindicales que superen el mínimo exigido por la ley.