El fiscal concluye que CDC cobró «comisiones ilícitas» del Palau

La presión sobre CDC por elcaso Palausubió ayer de intensidad con el escrito que el fiscal entregó al juez en el que concluye que el partido cobró 6,6 millones de euros en «comisiones ilícitas» pagadas por la constructora Ferrovial. Anticorrupción señala la intervención de «altos responsables» de Convergència «que no han podido ser adecuadamente identificados» en lo que califica sin reparos como un «acuerdo criminal». La empresa habría conseguido obras públicas de la Generalitat previo pago a través del Palau de la Música, según el fiscal Emilio Sánchez Ulled. CDC se apresuró a negar una vez más haberse lucrado de la entidad saqueada y tachó en un comunicado de «elucubraciones y meras conjeturas» las conclusiones de la fiscalía.

El ministerio público apunta que los pagos quedaban «convenientemente disfrazados» al incorporarse «de forma aparentemente impoluta» al patrimonio» del partido. En su escrito de 37 páginas, tacha de «institucionalmente demoledor» el «pacto criminal estable» que se inició «al menos» en 1999 y que «se prolongó» hasta el 2009. Los pagos se habrían fraccionado en el tiempo por tres vías: en efectivo, facturas falsas y convenios «meramente aparentes» con la Fundación Trias Fargas, la actual CatDem, vinculada a Convergència. La comisión con la que la constructora compraba presuntamente la influencia del partido del Govern correspondía, según la fiscalía, al 4% del importe de la obra adjudicada. Unamordidaque se repartía supuestamente entre CDC (un 2,5%) y los exresponsables del Palau de la Música Fèlix Millet y Jordi Montull

(un 1,5%). Las entregas se habrían vehiculado «a la sombra y sin obstáculos», sostiene, «a través de los conductos financieros» de la entidad cultural para «enmascarar» su destino real. «Necesariamente» debieron intervenir «altos responsables» convergentes, señala el fiscal, aunque solo menciona al parlamentario Jaume Camps, al extesorero del partido Daniel Osàcar, ambos imputados, y al fallecido Carles Torrent.

Entre las obras cuya adjudicación fue presuntamente amañada destaca la construcción de nueve tramos de la línea 9 del metro de Barcelona por 890 millones de euros, para una Unión Temporal de Empresas participada en un 20% por Ferrovial.

CDC tachó de «falsa» la relación que establece el fiscal entre el partido y la constructora. Le reprochó, además, que el escrito «no se acompaña de ninguna prueba» y recordó que no se trata ni de la sentencia del caso «ni de una mera conclusión provisional de la instrucción» del juez.

QUE MAS «DÉ LA CARA» / La oposición en bloque, excepto ERC, exigió alpresident, Artur Mas, que aclare si su partido hizo un uso ilícito de los fondos del Palau. El portavoz del PSC, Maurici Lucena, consideró que lo que «está en cuestión» es el «prestigio» de la Generalitat y esperó que el jefe del Govern dé explicaciones a petición propia. ICV, a través de Laia Ortiz, cree que es hora de que Mas «dé la cara de una vez por todas» por unos indicios que señalan a CDC como «cómplice de uno de los más grandes expolios» en Catalunya.

El PPC se dirigió, además, a Esquerra, aliado parlamentario de CiU, para pedirle que no vete la comparecencia delpresidenten el Parlament, como ya hizo tras la fijación de la fianza para CDC, cuando quien habló sobre el caso en la Cámara fue Oriol Pujol. Los republicanos no mencionaron el nombre de Mas cuando, en boca del diputado Oriol Amorós, se mostraron confiados en que CDC «sabrá dar explicaciones al nivel y en el marco oportuno».

DINERO DESAPARECIDO / El ministerio público cifra la cantidad que los imputados habrían hecho desaparecer ilícitamente del Palau en 18 millones de euros, sin que haya «rastro alguno» de 9,6 millones del total. El fiscal anticorrupción reclama al juez del caso, Josep Maria Pijuan, el fin de la instrucción y el sobreseimiento provisional «por falta de motivos» para acusarlas para las esposas de Millet y Montull, así como para la secretaria del primero.