El Consejo de Estado da su aval a Rajoy

En vísperas de la pasada Navidad, Mariano Rajoy ofreció una copa a los periodistas para despedir el año. El acto tuvo lugar en la Moncloa. En una conversación informal, se le preguntó al presidente Rajoy si no le producía cierto vértigo que el proceso soberanista pudiera finalizar en una declaración unilateral de independencia. "A ver a quién le da más vértigo", respondió desafiante el jefe del Ejecutivo. La pregunta que el presidente dejó en el aire hace ya nueve meses está por responder. El pulso al Estado desde Catalunya se hizo oficial el sábado con la firma de la convocatoria de la consulta por parte de Artur Mas. La respuesta desde Madrid no se hizo esperar: se puso en marcha la maquinaria para frenar la consulta a través del Constitucional. Pero ambas partes sugieren que la guerra en los tribunales será larga y compleja.

Como preámbulo de la contienda que llega, ayer la comisión permanente del Consejo de Estado se reunió para estudiar sendos dictámenes sobre la ley de consultas catalana y el decreto que convoca el referendo. Resultaron aprobados por unanimidad. La opinión de este órgano no es vinculante, pero sin haberla solicitado previamente el presidente Rajoy no podría aprobar los dos recursos que se dispone a registrar de inmediato en el alto tribunal para impedir el 9-N.

CON APOYO DEL PSOE

A petición del Gobierno -que solicitó los informes el sábado e instó a su máximo órgano consultivo a pronunciarse en 48 horas-, a las siete de la tarde de un domingo se daban cita de forma extraordinaria los miembros de la comisión del Consejo. A saber: su presidente, José Manuel Romay Beccaría (exministro del PP); Landelino Lavilla (ministro de Justicia del primer gobierno Suárez); Miguel Rodríguez Piñero (experto en derecho laboral y presidente del TC entre 1992 y 1995); Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (uno de los padres de la Constitución y conocido defensor de una solución política para Catalunya); Fernando Ledesma (exministro de Justicia con Felipe González y expresidente del Consejo); Alberto Aza (diplomático con cargos relevantes en los gobiernos de Suárez y Aznar y exjefe de la Casa del Rey); José Luis Manzanares (exmagistrado del TC  y del CGPJ); María Teresa Fernández de la Vega (vicepresidenta del Gobierno de Zapatero) y Enrique Alonso (jurista). También fue llamada la secretaria general de la institución, Guadalupe Hernández-Gil.

A tenor del resultado de la votación, todos ellos comparten que el 9-N, tal y como se ha planteado desde la Generalitat, no está en los márgenes de la Constitución. Así, con el respaldo explícito de su máximo órgano consultivo, el Gobierno aprobará en consejo de ministros y registrará hoy mismo sus recursos en el Constitucional. Y lo hará con el apoyo de los socialistas, tal y como ratificó de nuevo ayer Pedro Sánchez.

Es más que probable que el alto tribunal se reúna mañana mismo y, tal y como solicitará el Ejecutivo, la admisión a trámite conlleve la suspensión cautelar de la consulta. Desde la Moncloa se insiste en que, a partir de ahí, se deberá suspender la campaña institucional y será imposible para el Govern tomar decisiones vinculadas al 9-N. Pero la Generalitat ya piensa en las alegaciones que presentará ante el TC ,si hay suspensión, a fin de demandar que se levante. Desde CiU, se sugiere que mientras tanto se tomarán medidas "cautelares" sobre el referéndum.

Ante la posibilidad de que los convergentes hagan oídos sordos al TC, el Gobierno ya advierte de que continuará recurriendo a los tribunales y la Fiscalía. Otros partidos como UPD apuntan a posibles querellas contra Mas por "sedición, prevaricación, desobediencia y malversación".

ORTEGA PRESENTA ARTILLERÍA

Fuentes del Govern sostienen que, pese al choque institucional, sigue habiendo contactos oficiosos con el Estado, aunque sin resultados. Prueba de ello es que la Generalitat sigue trabajando en la consulta sin pensar en la suspensión o alegando que puede levantarse. Sin embargo, es obvia la dificultad de seguir adelante sin poner en riesgo de sanción a los funcionarios y cargos públicos si el Constitucional para el 9-N. Mas dice asumir toda la responsabilidad, pero no puede evitar que otros también sean castigados por ello.

La vicepresidenta Joana Ortega defendió ayer la legalidad de medidas como el acceso al registro de población (el universo de votantes) o la necesidad de que los ayuntamientos acepten los puntos de votación que ha establecido el Govern para los 947 municipios. Si ciudades gobernadas por el PSC o el PP se oponen a ello, la Generalitat buscará alternativas, según dicen.