El Congreso inicia la demolición de la capacidad punitiva del TC

Las maniobras de demolición de la polémica arquitectura jurídica aprobada por el PP en los últimos años, gracias a su extinta mayoría absoluta, se concentraron este martes, tras la LOMCE y la 'ley mordaza', en un nuevo objetivo. El Congreso de los Diputados dio el primer paso para anular la reforma del Tribunal Constitucional (TC) Tribunal Constitucional, aprobada en otoño del 2015 por la vía de urgencia, coincidiendo con la campaña de las últimas elecciones catalanas, que concede al organismo judicial amplios poderes para hacer cumplir sus propias resoluciones. Entre otros, la “suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento”.

Esta disposición permitiría, por ejemplo, dejar sin funciones a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por desoír los fallos del TC y permitir el debate de la hoja de ruta independentista. La medida nunca se ha aplicado hasta ahora, pero podría usarse en el tercer incidente de ejecución de sentencia, admitido por el alto tribunal la semana pasada, que se dirige no solo contra Forcadell, sino también contra los miembros de la Mesa de la Cámara catalana (su órgano de gobierno) que permitieron la votación de la resolución que fijaba la cuenta atrás para celebrar el referéndum “como muy tarde en septiembre del 2017”.

La controvertida reforma, en todo caso, está ahora más cerca de ser derogada. El Congreso debatió la admisión a trámite de dos proposiciones de ley para dejarla sin efecto, una del PDECat y otra del PNV, y esta última salió aprobada gracias a los votos de, entre otros, los nacionalistas vascos, los independentistas catalanes, Podemos y el PSOE. El PP y Ciudadanos, mientras tanto, votaron en contra.

EL RECORRIDO PARLAMENTARIO

El presidente de la gestora socialista, Javier Fernández, había dicho a primera hora de la mañana que su partido estaba más cerca del PP que de Podemos en cuestiones “cruciales para la democracia”, y aunque el PSOE apoya la acción del Gobierno central frente al proceso independentista catalán, considera que este es un caso distinto. Fuentes de su dirección interina recordaron que fueron muy críticos con la reforma del TC cuando fue aprobada, y subrayaron que su apoyo fue para la propuesta del PNV, limitándose a abstenerse en la del PDECat. El motivo oficial es que la primera estaba mejor elaborada “técnicamente”, pero también resultaba más cómoda de apoyar desde el punto de vista político, admiten estos interlocutores.

La proposición de ley, que pide volver a la regulación anterior del Constitucional, iniciará ahora su trámite parlamentario, donde será objeto de enmiendas. Si mantiene sus apoyos, como en principio ocurrirá, puede ser aprobada en los próximos meses.