La prudencia del Estado

Pese a los aspavientos de los políticos separatistas denunciando que son víctimas de una persecución judicial, comparando el Tribunal Constitucional y la fiscalía con los militares golpistas del 23-F, y exclamando que esto no ocurre en ninguna otra democracia del mundo, lo cierto es que los poderes del Estado están actuado con enorme prudencia. Veamos dos detalles que han podido pasar desapercibos entre los titulares de este viernes.

En el caso que se sigue por el desacato del 9-N, Francesc Homs puede hoy dormir más tranquilo. El delito de malversación de fondos públicos, que conlleva pena de prisión y de resarcimiento con el patrimonio personal, ha sido retirado por la fiscalía del Supremo. El 'exconseller' de Presidència quería que se le aplicase la misma doctrina que a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, acusados únicamente de desobediencia y prevaricación.

En su caso parecía más difícil porque fue imputado posteriormente al descubrírsele documentos firmados con una empresa informática en los que comprometía dinero público para un acto a sabiendas ilegal. Esa circunstancia podría haber dado lugar a una petición de pena mucho más dura que no pasará ahora, como para sus compañeros, de unos años inhabilitación. Este trato favorable podría también tener que ver, ya lo apunté en su momento, con el cambalache que hubo en la elección de la Mesa del Congreso, donde Homs y sus diputados votaron de hurtadillas a los candidatos del PP y C’s. ¿Causalidad? Me parece que no. Pese a todo no se cansan de repetir '¡qué malos son los del "pepé"!'.

El segundo elemento que evidencia la cautela del Estado es el último auto del Constitucional sobre el desacato del pasado 27 de julio en el Parlament. El tribunal no utiliza las facultades de las que dispone, atribuciones coercitivas que ya tenía antes de la última reforma exprés, para multar a Carme Forcadell, ni abre tampoco la vía penal contra ella. Se limita a constatar que existen posibles responsabilidades constitutivas de delito y a pedirle al ministerio fiscal que ejerza las actuaciones que crea conveniente.

Seguramente la justicia acabará yendo contra la presidenta, pero los magistrados están actuando con una prudencia extrema. Piensen que en Francia, Alemania o Italia sería inimaginable que cargos públicos regionales no hubieran sido ya inhabilitados por la décima parte de las deslealtades institucionales que se han cometido en Catalunya.

SOCIALIZAR EL CONFLICTO

Pero la prudencia tendrá un día un límite. Esta vez el objetivo del separatismo ya no es "engañar al Estado", como confesó Mas a propósito del 9-N, sino desafiarlo abiertamente. El regreso a la casilla del referéndum es el reconocimiento implícito del fracaso de la pretendida "desconexión" en 18 meses y de la falta de legitimidad para ejecutar la secesión. La hoja de ruta ha sido substituida por otra ola de agitación y propaganda para exigir un referéndum y amenazar si no con llevarlo a cabo unilateralmente. Se trata de socializar el conflicto entre unas instituciones autonómicas en abierta rebeldía contra la democracia y el Estado de derecho.