Másters tengas y los apruebes

Feas se le ponen las cosas a la lideresa de la Puerta del Sol. La picaresca y el gracejo ya no son lo que eran.

Por un lado, aunque en acelerada decadencia, seguimos padeciendo las trampas en la universidad como algo aceptado y aceptable. (Auto)manipular la evaluación de los alumnos supone un grave atentado a la equidad y a la competencia -¡ay, esos liberales!-: se alterara su currículum. El mañoso gana; el aplicado pierde.

Además, hay que resaltar la parasitación de algunas instituciones universitarias, se llamen como se llamen, sean unidades orgánicas o no (facultades, institutos, centros de investigación,...). En efecto, especialmente por parte de algunas comunidades autónomas, pero también de entes estatales, una serie de dependencias universitarias están financiadas con una sorprendente y constante generosidad, también en estos tiempos de penurias.

Juntemos esas dos líneas paralelas y tendremos el máster perfecto. Hacer trampas con doping en la universidad, en algunas y, dentro de algunas, en algunos de sus centros, no resultaba llamativo. Hasta ahora.

En este contexto, no era extraño que no apareciera un trabajo de fin de máster (TFM). Sin embargo, sí aparecen unas actas que, por falsas, nada acreditan; y nadie reconoce haber formado parte del tribunal de la evaluación del TFM.  El TFM es un trabajo personal y autónomo que supone, según la universidad en cuestión, 24 créditos, es decir, 600 horas, esto es, más de 14 semanas de trabajo 'full time'. Calcúlese con una jornada laboral completa y, además, en la alta dirección pública.

Toda la pinta de un fraude. Un fraude a la universidad, a la sociedad, a los restantes estudiantes que pagaron sus buenos dineros y se dejaron las pestañas. Alguna experiencia tengo en dirección de másters oficiales y propios; puedo asegurar que tras el TFM, la última etapa, los alumnos quedan exhaustos. Creo que satisfechos también.

En el contexto de la picaresca -término intraducible a contextos racionales y meritocráticos- nadie repara en la comisión de delitos. Pero delitos, de haberlos, haylos. Por de pronto, falsedades cometidas por funcionario público en documentos públicos: pena de 3 a 6 años de cárcel, multa de hasta 24 meses e inhabilitación -pérdida de la condición de funcionario- de entre 2 a 6 años. Son funcionarios, los funcionarios de carrera o no (cualquier profesor lo es) y el personal de administración y servicios.  También, a efectos penales, lo son los diputados, ministros, senadores, consejeros, alcaldes... vaya, los políticos que ejercen cargos públicos.

Y responde con igual pena quien se sirva de esos documentos sabiendo que son falsos o quien los haya encargado. Además, la prevaricación por emitir una resolución injusta (el título) también seguramente estaría en la partida: inhabilitación para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo de nueve a quince años. Adiós, pues, función o cargo públicos de cualquier clase. Es lo que tiene la corrupción .... si te pillan.