Gestación altruista

La negativa de la vicepresidenta y ministra de Igualdad española, Carmen Calvo, a legalizar la gestación subrogada ha vuelto a poner el foco en la proposición de ley de Ciudadanos presentada hace un año. La propuesta solo permite la gestación subrogada altruista, una opción que parece la más aceptable entre quienes defienden la práctica en España. Sin embargo, la experiencia en Grecia y el Reino Unido muestra que una legislación que solo permite la gestación subrogada altruista no evita los casos con afán de lucro.

Grecia regula la gestación subrogada altruista desde el 2002. Sin embargo, un estudio de Konstantina Davaki concluye que dicho altruismo es solo vigente en el papel. Apunta que, a raíz de la crisis económica, aumentó el número de mujeres que se ofrecían como gestantes. También recoge casos de grandes sumas de dinero en acuerdos con intermediarios o clínicas de reproducción asistida. Davaki denuncia que la opacidad de los contratos impide comprobar si existe algún pago más allá de la cuantía destinada a cubrir los gastos de la gestación y el parto –fijada por las autoridades– o bien si existen casos de explotación. En Grecia, la mayoría de gestantes son mujeres de origen extranjero residentes en el país, muchas de Europa del Este. Algunas de ellas son trabajadoras domésticas de la persona subrogante o de uno de sus familiares. Las pocas gestantes de origen griego son o bien amigas de la subrogante o bien familiares. Una opción, esta última, prohibida en la propuesta de Ciudadanos.

En el Reino Unido, la regulación de la gestación subrogada altruista no ha evitado que muchas personas contraten servicios de gestantes en países donde la comercialización está permitida. Ello ha generado un debate sobre cómo garantizar los derechos de los menores nacidos en el extranjero. Porque si algo muestra la evidencia en torno a la gestación subrogada, altruista o no, es que los estados están regulando solos algo que requiere de una legislación internacional por ahora inexistente.