INSTALACIÓN GASISTA JUNTO AL DELTA DEL EBRO
El Gobierno indemniza a ACS con 1.350 millones por cerrar el almacén subterráneo Castor
El pago, que se abonará durante los próximos 30 años, acabará revirtiendo en la tarifa de los particulares
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley en el que se establece la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor de la costa de Tarragona y en el que se reconoce una compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS, cuyo importe asumirá en un primer momento Enagás y se irá repercutiendo durante 30 años en la tarifa de gas. Escal UGS está participada en un 66,7% por la ACS de Florentino Pérez.
La compensación será abonada por Enagás, a través de su filial Enagás Transporte, en una operación "muy ligada a la financiación del BEI", indicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
INDEMNIZACIÓN DURANTE 30 AÑOS
Enagás Transporte se hará cargo de la administración del almacenamiento subterráneo de gas, al tiempo que el sistema gasístico resarcirá anualmente a esta empresa durante un periodo de 30 años por el importe desembolsado.
La hibernación de la instalación "implica que está prohibido realizar cualquier extracción o inyección de gas natural" en el almacenamiento, cuya concesión a Escal queda ahora extinguida al haber aceptado el Gobierno la renuncia al proyecto presentada por los promotores, explicó.
SOLUCIÓN
La vicepresidenta del Gobierno aseguró que el real decreto ley aporta una "solución" a un proyecto que ha quedado suspendido por los seísmos detectados en la zona y que fue aprobado en mayo del 2008 a través de un decreto con varias cláusulas para las que el actual Gobierno "intentó una declaración de lesividad" ante los tribunales.
"Por acuerdo del Consejo de Ministros, se podrá en su caso poner fin a la hibernación si los estudios técnicos lo aconsejan o establecer el desmantelamiento del almacenamiento en condiciones seguras", señaló. "La solución permite reducir el coste para el sistema frente al coste de almacenamiento en caso de haberse puesto en marcha las instalaciones como estaba previsto", añadió Sáenz de Santamaría.
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