"Es hora de erradicar el crimen"

Vicente y Leila, de 38 y 39 años respectivamente, además de ser marido y mujer comparten la profesión de agentes de policía en Legazpi, una ciudad filipina situada, aproximadamente, a 330 kilómetros al sureste de la capital, Manila. Es evidente que no están cómodos con las preguntas pero tampoco se niegan a contestarlas. Aunque sin demasiados matices, enseguida se percibe que sus opiniones difieren en relación a la controvertida concepción de la lucha contra el crimen que está llevando a cabo el presidente Rodrigo Duterte.

La pareja tiene el día libre y pasa la tarde contemplando la impresionante vista que ofrece un mirador situado en la falda del volcán Mayon, todavía activo pero afortunadamente en calma. Él, con 13 años como agente, trabaja como policía turística. Ella, que empezó a ejercer hace más de 7 años, desarrolla su labor en el ámbito de la protección de las mujeres y los niños.

Coinciden al afirmar que no han recibido directrices concretas de sus superiores sobre la forma en la que afrontar las detenciones de traficantes y consumidores de droga desde la llegada del nuevo presidente pero no ocultan que es un secreto a voces que los nuevos tiempos avalan que maten a los presuntos delincuentes durante las detenciones. Y a Vicente, lejos de cualquier motivo de crítica, afirma, contundente: "Es hora de erradicar el crimen".

"DERECHO A JUICIO"

En el mes que Duterte lleva en el poder, la policía filipina ha matado a más de 400 personas durante operaciones. La consigna no escrita es disparar en el caso de que el delincuente se oponga a ser detenido y la vida del agente corra peligro. Bajo este principio, las muertes de presuntos delincuentes se suceden cada día. "Claro que dispararía y mataría", dice, convencido, Vicente, partidario, además, de reinstaurar la pena de muerte, uno de los ejes del mandato de Duterte.

Leila, aunque con una sonrisa, disiente. "Los delincuentes tienen derecho a un juicio", se limita a decir. Con respecto a la idoneidad de reinstaurar la pena de muerte, asegura que todavía tiene dudas al respecto. Vicente y Lelta constituyen un ejemplo del debate -que se decanta sin duda hacia el aval de las tesis del presidente- que vive la sociedad filipina.

Unos derechos que la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, oficina independiente creada al amparo de la Constitución de 1987, lucha por mantener. "El presidente ha sido capaz de comunicarse con la gente y lanzar su mensaje de forma adecuada", argumenta Gwendolyn Ll. Pimentel-Gana, miembro de la citada comisión pro-derechos humanos para explicar su contundente victoria en las urnas. "La gente quiere cambio y él les ha dado una respuesta", añade Pimentel, con tibieza respecto a los primeros pasos de Duterte.

 "Soy partidaria de intentar poner freno a la creciente delincuencia pero la policía debe trabajar en base al respeto del Estado de derecho", asegura para añadir: "Por eso investigaremos las actuaciones policiales y llevaremos ante la justicia a quienes vulneren este principio".

"No se puede generalizar ya y afirmar que la elección de Duterte supone un peligro para los derechos humanos en el país", añade la comisionada. "Hay que darle una oportunidad", concluye.