La UE propone obligar a los gigantes de internet a facilitar datos electrónicos

Desde que los atentados de Parísatentados de París pusieron en evidencia las enormes lagunas en materia de seguridad en la Unión Europea el goteo de propuestas para limitar el campo de acción de los terroristas ha sido incesante. La Comisión Europea suman una más para establecer un nuevo marco legislativo que permita a jueces y policías acceder con mayor rapidez a correos electrónicos, mensajes y otros documentos ubicados en los servidores de compañías, como Google, Facebook o Microsoft, en el marco de investigaciones criminales o terroristas.

“Necesitamos que las autoridades judiciales utilicen métodos del siglo XXI del mismo modo que los criminales utilizan métodos del siglo XXI para cometerlos”, ha justificado la comisaria de justicia, Vera Jourova, que ha definido la nueva propuesta como una “revolución” en el sistema europeo de cooperación judicial. Aunque la cooperación con los gigantes de internet ha mejorado en los últimos meses, sigue sin ser todo lo diligente que a las autoridades les gustaría ni tampoco los procedimientos vigentes en los Estados miembros son los mismos.

Para evitar esta fragmentación y garantizar más celeridad Bruselas propone crear una orden europea de producción que permita a las autoridades fiscales de los Estados miembros solicitar pruebas electrónicas (correos, textos o mensajes) en el marco de investigaciones criminales o por terrorismo directamente a cualquier proveedor de servicios que opere en otro Estado miembro, independientemente de donde estén ubicados los datos.

Plazos acelerados

Estos tendrán un máximo de 10 días para responder o 6 horas en los casos de urgencia, frente a los 120 días de las órdenes europeas de investigación o los 10 meses en los procedimientos de asistencia legal mutua. La exigencia se aplicará a aquellos proveedores de comunicaciones que almacenen la información tanto en la UE y fuera del territorio comunitario. Es decir, desde redes sociales hasta empresas de venta en línea, proveedores de internet. Todos ellos estarán además  obligados a almacenar determinada información si las autoridades así lo requieren. La medida se aplicará en el marco de investigaciones por asesinato, ciberdelincuencia o pornografía infantil y la autoridad fiscal tendrá que solicitar autorización judicial en el caso de datos sensibles.

Según la Comisión Europea, la propuesta recoge suficientes medidas de salvaguarda sobre protección de datos personales y derechos fundamentales y permitirá a jueces y policías acceder con más facilitar a este tipo de información para no estar a expensas de la buena voluntad de las empresas. Bruselas justifica la actuación debido en que el número de solicitudes a empresas como Google, Apple o Microsoft se han disparado un 70% entre 2013 y 2016. Además, más de la mitad de las investigaciones hoy en día implican solicitudes de pruebas electrónicas, necesarias en el 85% de los casos, y dos tercios de las veces corresponden a informaciones ubicadas en otras jurisdicciones. “Son informaciones esenciales en investigaciones criminales para identificar personas o obtener información sobre sus actividades”, subraya la Comisión.

Datos biométricos y explosivos

Paralelamente, y para hacer frente al fraude de documentos, la Comisión Europea también ha propuesto hacer obligatoria la inclusión de datos biométricos (huellas dactilares y fotografía) en los documentos de identidad de todas las personas mayores de 12 años así como en los permisos de residencia que en países como Italia siguen siendo de papel. El objetivo es impedir la falsificación de documentos y garantizar una mayor seguridad.

Actualmente, hay más de 80 millones de documentos que no incorporan este tipo de información, esencialmente de ciudadanos de Italia, según ha reconocido el comisario de inmigración, Dimitrios Avramopoulos, que ha recordado la importancia de empezar a reemplazarlos para evitar que los criminales “se escondan bajo identidades falsas”. La Comisión Europea espera que el cambio sea realidad en un plazo máximo de cinco años.

La nueva batería de medidas también incluye una revisión de las normas para facilitar que las autoridades puedan acceder con mayor facilidad a información financiera necesaria en investigaciones criminales así como una revisión de las reglas sobre la comercialización y el uso de precursores de explosivos y más control sobre las armas que se importan y exportan. “Se puede fabricar TATP en el garaje de casa y es algo que ha ocasionado muchas victimas. Proponemos prohibir la compra por internet de determinadas sustancias y que cada Estado miembro tenga que verificar la legitimidad de las solicitudes que reciban para comprar determinadas sustancias”, ha explicado Avramopoulos sobre los nuevos cambios legislativos.