Arkansas prevé cinco ejecuciones inminentes pese al frenazo judicial de las otras tres

El año pasado 20 personas fueron ejecutadas en Estados Unidos y en lo que va del 2017 a otras seis se les ha aplicado la pena capital. Sus casos rara vez han llegado a los medios nacionales, menos aún a los internacionales. Es como si el país y el mundo estuvieran anestesiados ante la normalización en un país democrático de la pena de muerte, que el Tribunal Supremo reinstauró en EEUU en 1976 y que, aunque con cada año que pasa ha ido perdiendo apoyo popular, desde entonces se ha cobrado 1.448 vidas. En años recientes atroces ejecuciones fallidas donde los reos han sufrido tortuosas agonías han sacado del letargo la indignación nacional y global y han impulsado el retroceso del uso de la pena de muerte en muchos estados. Y lo que está sucediendo estos días en Arkansas puede llevar el despertar (o el horror) a un nuevo nivel.

En febrero Asa Hutchinson, el gobernador republicano de un estado que acometió su última ejecución en el 2005, marcó un calendario sin precedentes en la última era de la pena de muertecalendario sin precedentes : ocho ejecuciones en 11 días, todas por inyección letal. En una rueda de prensa sobre ese aterrador maratón de muertes oficialmente sancionadas, que ha sido denunciado no solo por abogados y activistas contrarios a la pena de muerte sino incluso por funcionarios de prisiones, explicó que se veía forzado “por las circunstancias”. Y no las detalló entonces, pero luego se ha sabido cuáles son: las provisiones que el estado tiene de uno de los tres fármacos que se usan en el cóctel letal, el midazolam, caducan el 30 de abril.

Un juez frena temporalmente ocho ejecuciones en 10 días en Arkansas

Ese sedante es el que primero se inyecta en el reo para dejarle inconsciente antes de que otro le paralice y un tercero le detenga el corazón. Y es también el compuesto que falló estrepitosamente en ejecuciones de los últimos años en Ohio, Alabama, Arizona y Oklahoma. Uno de los ejecutados llegó a agonizar durante casi dos horas.

Aunque el Tribunal Supremo en el 2015 permitió que la inyección letal siguiera siendo legal, negándose a reconocer que constituya el “castigo cruel e inhumano” que la haría inconstitucional, no pudo frenar totalmente el golpe. Las grandes farmacéuticas empezaron a negarse a vender sus compuestos si iban a usarse para ejecuciones. Y aunque algunos estados empezaron a buscar fuentes alternativas de medicamentos en pequeños laboratorios locales (una fuente legalmente cuestionable y cuestionada), en otros la pena de muerte desaceleró.

REVESES JUDICIALES

El frenético plan de Hutchinson ha sufrido, hasta ahora, serios reveses judiciales. Primero, a finales de marzo, un tribunal obligó a posponer una de las ocho ejecuciones después de que un panel recomendara clemencia. Y este pasado lunes, tras seis días de intensas batallas legales, tampoco se llevaron a cabo las dos planeadas. Una de ellas la frenó, sin explicar razones, el Tribunal Supremo, que actuó 'in extremis', cuando quedaban 15 minutos de plazo.

La guerra legal continúa. En ella ha entrado incluso una gran empresa de distribución de fármacos, que asegura que Arkansas le engañó cuando compró un producto de Pfizer (el bromuro de vecuronio, segundo en el cóctel) al esconder que pretendía usarlo para ejecuciones. Y la libran, sobre todo, los abogados de los condenados, que en algunos casos representan a más de uno y han denunciado, entre otras cosas, que el brutal calendario les impide hacer una representación profesional y justa.

El estado tiene también en su poder una carta que le enviaron más de dos docenas de antiguos funcionarios de prisiones denunciando que “llevar a cabo tantas ejecuciones en tan poco tiempo provocará extraordinario e innecesario trauma y estrés en el personal encargado de llevar a cabo las ejecuciones”. Pero nada parece frenar la determinación de Arkansas.

Aunque el estado ha perdido varias de las batallas hasta ahora también ganó un par el fin de semana, y de momento mantiene en pie las cinco ejecuciones que quedan pendientes del calendario original: dos este jueves, dos el día 24 y otra el 27. Todos los reos están condenados a muerte por delitos de asesinato y uno de los argumentos que está usando la fiscal general de Arkansas, la republicana Leslie Rutledge, es que “las familias (de sus víctimas) han esperado demasiado para ver justicia”.