La Generalitat pide paralizar el recargo en el recibo del gas por el Castor

La Generalitat va a por todas contra el almacén de gas Castor. La abogacía de la Administración catalana ha pedido al Tribunal Supremo la suspensión cautelar de la orden que reconocía a la concesionaria de esta instalación, Escal UGS, controlada por la ACS de Florentino Pérez, el pago de costes de mantenimiento y operaciones a través del recibo de los usuarios desde este año.

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El paso del Ejecutivo catalán va dirigido contra la orden del 2014 que establecía los cánones y peajes del sistema gasista y se ha dado una vez que el alto tribunal ha admitido a trámite el recurso. En este texto, que integró el almacén paralizado por una serie de seísmos en las provincias de Tarragona y Castellón en el sistema y le reconocía por tanto retribución con cargo al recibo de los usuarios, se incluían 1,6 millones para el 2014 y otros 15,7 millones para el 2015 por costes de mantenimiento y operatividad.

En opinión del Ejecutivo catalán, estos pagos "vulneran el interés general" porque "los ciudadanos ven cómo se repercute en sus facturas de gas unos costes por una explotación hibernada que nada tiene que ver con el gas que llega a sus casas y empresas (...)". El objetivo que persigue la Generalitat es "lograr que se anulen las sucesivas órdenes ministeriales que cargan los costes de una instalación paralizada en los recibos de los usuarios", según fuentes de la Conselleria de Empresa.

Tras el recurso por la orden del 2014, la Generalitat impugnó otra del 2015 que reconoce otros 4,6 millones a la concesionaria y 80,7 millones a los titulares de los derechos de cobro. "Una vez que el tribunal admita a trámite el otro recurso, el Govern también pedirá la suspensión cautelar", explican fuentes de Empresa i Coneixement.

Santander, CaixaBank y Bankia son las titulares de los derechos de cobro de la indemnización de 1.350 millones, que recuperan con un interés del 4,27%. Eso significa que la cantidad que pagan los usuarios se multiplicará por más de 3,5 veces, hasta los 4.700 millones tras los 35 años previstos para devolver la deuda.

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El Banco El Gobierno del PP tiró de ingeniería financiera para este proceso. Primero endosó a Enagás, el gestor del sistema gasista en el que el Estado tiene un 5%, la responsabilidad de indemnizar a la concesionaria del Castor. Y le reconoció como contrapartida los derechos de cobro pero Enagás, de forma inmediata, tal como preveía un real decreto, los cedió a los bancos que adelantaron el dinero para pagar a Escal UGS.

De esta forma, el Gobierno evitaba avalar y, por tanto, engordar su déficit. A la vez, ACS lograba pagar a los bonistas del proyecto, esencialmente el Banco Europeo de Inversiones (BEI).