Amnistía a la rusa

Con una economía duramente damnificada por las sanciones y los bajos precios del petróleo, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, acaba de promulgar una ley que ofrece una amnistía fiscal a todos los capitales y propiedades detentados por rusos en el extranjero, con el fin de que contribuyan a llenar las arcas del presupuesto federal y a crear riqueza en el país. Todas aquellas personas físicas y jurídicas que declaren propiedades en el exterior entre el 1 de julio y el 31 de diciembre del presente ejercicio quedarán eximidas de cualquier delito administrativo o penal en el que pudieran haber incurrido. Dichas propiedades tampoco podrán ser utilizadas como prueba en ninguna investigación posterior contra el declarante.

La ley, que en su fase de redacción ha tenido que ser modificada y enmendada para que la Federación Rusa no acabara violando las regulaciones internacionales sobre blanqueo de dinero, ni siquiera obliga a repatriar los capitales. Las propiedades (dinero líquido, cuentas bancarias o empresas) deberán ser registrados en «una jurisdicción transparente» (país) que mantenga un tratado de doble imposición con Rusia y que no esté incluido en la lista negra del Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero (FATF, por sus siglas en inglés). Quedarán exentos aquellos recursos vinculados al «fraude», la «corrupción» o los «crímenes financieros».

Problema importante

El volumen de dinero y propiedades de rusos en el extranjero, que no solo evaden cargas impositivas en su país de origen sino que también escapan al escrutinio internacional, ha adquirido enormes proporciones, lo que ha sembrado la alarma en las instituciones financieras. «Una empresa rusa que compra una empresa rusa en Chipre es, en realidad, una sociedad off-shore basada en Chipre que adquiere una sociedad off-shore basada en Chipre», reconocía a este diario, bajo la cobertura del anonimato, el abogado de un conocido bufete londinense con sede en Moscú.

La crisis financiera que vivió la isla mediterránea en el 2013, uno de los destinos preferidos del turismo ruso por su cercanía y clima, puso sobre el tapete las dimensiones del problema: los acreedores internacionales exigieron entonces al Gobierno chipriota que los depósitos bancarios comenzasen a tributar, lo que hizo aflorar que muchos de ellos estaban a nombre de ciudadanos rusos o de personas jurídicas con vínculos con Rusia. Oficialmente, según el Consejo de la Federación, la Cámara Alta del Parlamento ruso, el éxodo de capitales rusos a zonas off-shore ascendió a 800.000 millones de dólares en los últimos 20 años.

La efectividad de la nueva legislación ha sido cuestionada por numerosos expertos. En especial, la «falta de claridad» en su redacción, que hace prácticamente imposible a la Hacienda rusa identificar al capital de origen criminal. «La ley, tal y como está escrita, no establece ningún método para identificar estos fondos criminales; si el Gobierno de Rusia ni siquiera puede llevar a cabo una investigación superficial, no dispondrá de los mecanismos para identificar su legalidad», se lamentaba, en las páginas de The Moscow Times, Kristen Blyth, analista de Salamanca Group.

Los expertos lamentan la contradicción que existe entre la voluntad originaria que tenían las autoridades rusas -incentivar el regreso a Rusia de los capitales en zonas off-shore- y la provisión legal final de no exigir su repatriación. También la falta de medidas punitivas. «Lo que empuja a los rusos y a las empresas a mantener esquemas off-shore es la corrupción del funcionariado, los sobornos y la falta de garantías jurídicas», recuerda, bajo el anonimato, una analista de mercado de Nielsen basada en Moscú.